Sociedades Rurales del Sudeste cuestionan medidas del Senasa

Las Sociedades Rurales del Sudeste han vuelto a manifestar su inquietud ante las recientes modificaciones introducidas por el Senasa en las campañas de vacunación antiaftosa y en la identificación electrónica del ganado, alegando que dichas medidas generan incertidumbre en un esquema que, según ellos, funcionó de manera eficiente durante años.

En la nota, se destaca que las nuevas disposiciones permitirán a los productores optar por veterinarios privados para la vacunación antiaftosa, mientras que los entes sanitarios podrán comercializar caravanas electrónicas destinadas a la identificación animal. Este cambio, según las entidades, altera la dinámica establecida y plantea retos logísticos y financieros para los involucrados.

Las sociedades rurales enfatizan que la incertidumbre surge de la falta de claridad sobre los criterios de selección de los veterinarios y la responsabilidad de los entes sanitarios en la cadena de suministro de vacunas y equipos de identificación. Además, recuerdan que ya en marzo habían presentado observaciones a las autoridades nacionales respecto de la Resolución 201/2026, sin que se haya detenido el proceso de empadronamiento de productores y veterinarios, cuyo plazo se extenderá hasta el 15 de diciembre.

En cuanto a la participación de profesionales privados, las entidades señalan que estos deberán asumir inversiones vinculadas a la adquisición de dosis, el mantenimiento de la cadena de frío y la estructura administrativa necesaria para llevar a cabo la actividad. Este aspecto genera preocupación entre los productores, quienes temen que los costos adicionales puedan afectar la rentabilidad de sus explotaciones.

Por otra parte, las sociedades rurales expresan reparos respecto de la posibilidad de que los entes sanitarios participen en la comercialización de caravanas electrónicas, argumentando que muchas fundaciones consideran que esa tarea excede los objetivos establecidos en sus estatutos, los cuales están enfocados exclusivamente en cuestiones sanitarias. Este punto ha generado debate sobre la adecuación de la normativa a las competencias de las organizaciones rurales.

Además de los temas vinculados al Senasa, las Sociedades Rurales del Sudeste manifestaron su rechazo a la norma aprobada por la Cámara de Diputados bonaerense que habilita, por un período de 180 días, la utilización de fondos coparticipables del Impuesto Inmobiliario Rural destinados a caminos rurales para la ejecución de obras hídricas preventivas. En ese sentido, las entidades coincidieron con la postura expresada por CARBAP, que cuestionó la reasignación de recursos al considerar que ambas áreas constituyen infraestructuras estratégicas para la producción y el desarrollo del interior bonaerense.

En síntesis, las Sociedades Rurales del Sudeste mantienen su postura crítica ante las nuevas medidas del Senasa y la normativa de la Cámara de Diputados, solicitando una revisión que garantice la continuidad de los esquemas sanitarios y la adecuada asignación de recursos para el desarrollo rural. La comunidad rural espera que las autoridades tomen en cuenta sus observaciones antes de que se consoliden las modificaciones propuestas.