Argentina pidió 30 días más para responder ante la Corte Suprema de EEUU por el juicio de YPF
El Gobierno argentino solicitó una prórroga de un mes para presentar su oposición al pedido de revisión de los demandantes en la causa por la expropiación de YPF, fijando como fecha límite el 2 de diciembre. Con la extensión concedida, Argentina contará con hasta ese día para presentar su escrito de defensa ante la Corte […]
El Gobierno argentino solicitó una prórroga de un mes para presentar su oposición al pedido de revisión de los demandantes en la causa por la expropiación de YPF, fijando como fecha límite el 2 de diciembre. Con la extensión concedida, Argentina contará con hasta ese día para presentar su escrito de defensa ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La petición se realizó después de que la jueza federal Loretta Preska, de Nueva York, anulara formalmente la sentencia de primera instancia que obligaba al país a pagar una indemnización de US$ 16.100 millones, cifra que, con intereses, superaba los US$ 18 mil millones.
El conflicto se originó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó la petrolera YPF. La medida desencadenó una demanda en tribunales estadounidenses presentada por los accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park, con el financiamiento de Burford Capital, que adquirió los derechos del reclamo. En septiembre de 2023, la magistrada Preska dictó una condena que obligaba a Argentina a pagar la suma antes mencionada. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó esa decisión y la jueza Preska confirmó la revocación, cerrando la fase de primera instancia.
Tras la revocación, los demandantes presentaron un pedido de revisión ante la Corte Suprema. El Gobierno, a través de su defensa, solicitó al mismo tribunal una prórroga de 30 días para contestar dicho pedido. El escrito de oposición original fue presentado el 30 de septiembre y publicado el 2 de octubre; el analista Sebastián Maril informó en la red social X que los propios demandantes también habían pedido una extensión de sus plazos. Con la nueva fecha límite, la disputa continuará en la Corte Suprema, donde Argentina intentará argumentar en contra de la revisión solicitada por los fondos demandantes. El caso sigue siendo uno de los más relevantes en la agenda judicial internacional del país.
La estrategia procesal de Argentina se centra en evitar que el máximo tribunal estadounidense acepte revisar el fallo de la Cámara de Apelaciones, que fue favorable a los intereses nacionales. Si la Corte Suprema rechaza el pedido de revisión, la decisión de la instancia inferior quedaría firme y el país no debería enfrentar el pago de la millonaria indemnización. Por el contrario, si los demandantes logran que el tribunal acepte el caso, el litigio se extendería por varios meses más y aumentaría la incertidumbre sobre las finanzas públicas.
El caso ha tenido un derrotero complejo. La nacionalización de YPF en 2012 fue cuestionada por los accionistas minoritarios, que alegaron una expropiación indebida. La justicia estadounidense les dio la razón en primera instancia, pero luego la Cámara de Apelaciones revocó el fallo al considerar que no se había configurado una violación del derecho internacional. Esa revocación fue confirmada por la jueza Preska, lo que llevó a los demandantes a insistir con la revisión ante la Corte Suprema.
El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, trabaja en la elaboración de los argumentos para oponerse a la revisión. La prórroga solicitada permitirá afinar la defensa y coordinar con los estudios jurídicos que representan al país en Estados Unidos. La fecha del 2 de diciembre se convierte así en un hito clave para el futuro del litigio.
Mientras tanto, los fondos demandantes, representados por Burford Capital, mantienen su expectativa de cobrar la indemnización. La empresa ha señalado en repetidas oportunidades que confía en que la Corte Suprema revise el caso y restituya el fallo original. La disputa no solo involucra intereses económicos, sino también la imagen de Argentina en los mercados internacionales y su capacidad de atraer inversiones.
En síntesis, la solicitud de prórroga por 30 días es un movimiento táctico en un litigio que lleva más de una década y que aún no tiene resolución definitiva. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que podría conocerse en los próximos meses, definirá si Argentina debe pagar una suma que representa una porción significativa de su presupuesto anual. El caso sigue siendo uno de los más relevantes en la agenda judicial internacional del país.