Nuevo proyecto de ley de discapacidad avanza en la Cámara de Diputados con 42 firmas

El Congreso nacional dio un paso relevante en la agenda de la discapacidad al aprobar, en una sesión conjunta de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, el dictamen que impulsa la transformación de la actual emergencia en un marco normativo permanente.

La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, obtuvo el respaldo de 42 firmas y fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados. El proyecto mantiene la pensión no contributiva, la compatibilidad parcial con el empleo y la creación de un nomenclador único para todas las prestaciones, aspectos que habían generado inquietud entre los sectores vinculados al cuidado y la atención de personas con discapacidad.

Sin embargo, el camino legislativo aún no concluye. Tras el dictamen, el texto deberá ser debatido en el pleno de la Cámara y, de obtener la mayoría requerida, será remitido al Senado para su consideración. En caso de sanción, la normativa sustituirá la emergencia vigente, cuya vigencia está prevista hasta 31 de diciembre de 2027, por una ley sin fecha de expiración.

El debate se produce en un contexto de reclamos acumulados durante los últimos meses. Familias, organizaciones de la sociedad civil, prestadores de servicios y transportistas han denunciado dificultades para sostener prestaciones esenciales, como rehabilitación, centros de día, educación terapéutica y transporte especializado. Estos servicios están regulados por el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, establecido en la Ley 24.901.

Uno de los puntos críticos ha sido la actualización de los aranceles que perciben los prestadores. El Gobierno ha señalado que los valores se ajustan mensualmente de acuerdo con la inflación; en septiembre se registró una alza del 1,7% basada en el IPC de agosto, mientras que en agosto la variación fue del 2,1% respecto al mes anterior. Las organizaciones del sector advierten que estos incrementos resultan insuficientes para cubrir los costos operativos y garantizar la continuidad de los servicios.

En el plano político, la oposición propone extender la emergencia hasta finales de 2027, mientras que el oficialismo defiende la necesidad de una legislación permanente que brinde estabilidad a largo plazo. La discusión sigue abierta y será decisiva para definir la política de financiación y la estructura de los servicios de discapacidad en los próximos años.

En conclusión, el avance conseguido este miércoles representa un hito importante, pero la aprobación final dependerá del consenso que logre alcanzarse entre los distintos actores políticos y sociales. La expectativa es que, una vez sancionada, la nueva normativa proporcione mayor certeza jurídica y financiera a los millones de argentinos que dependen de este sistema.