ARBA busca eximir a más de 17 mil jubilados bonaerenses del Impuesto Inmobiliario

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) lanzó un programa para que más de 17 mil jubilados y pensionados bonaerenses accedan a la exención del Impuesto Inmobiliario y regularicen deudas acumuladas que, en muchos casos, contrajeron sin saber que tenían derecho a no pagarlas. La iniciativa surge de un relevamiento conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y los municipios de la provincia, que detectó que ese universo de contribuyentes acumula obligaciones por alrededor de 798 millones de pesos.

Según informó el organismo, el beneficio alcanza a jubilados y pensionados que reúnan determinadas condiciones: percibir ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, ser propietarios de una única vivienda, que la valuación fiscal de ese inmueble no supere los seis millones de pesos y no estar inscriptos en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Quienes cumplan con esos requisitos pueden gestionar la exención y, a partir de entonces, quedar liberados del pago del tributo.

El programa no se limita a la eximición futura. También contempla la posibilidad de ordenar la situación fiscal de quienes cayeron en mora sin haberlo buscado: incluye deudas de hasta cinco años de antigüedad y habilita la cancelación o eximición de esas obligaciones acumuladas. Desde ARBA subrayaron que el foco está puesto en contribuyentes que pagaron o acumularon deuda por desconocimiento del beneficio o por las dificultades que implica realizar el trámite administrativo.

Para llegar efectivamente a los beneficiarios, el organismo implementará un esquema de trabajo territorial que combina operativos puerta a puerta en coordinación con los municipios, jornadas de atención presencial y el cruce automatizado de datos para identificar casos de manera proactiva. Además, ARBA solicitará información a la ANSES con el objetivo de ampliar el alcance del relevamiento y detectar nuevos potenciales beneficiarios que aún no figuren en los registros provinciales.

El titular del organismo, Cristian Girard, explicó que la iniciativa apunta a corregir situaciones en las que contribuyentes están pagando o acumulando deuda sin que eso les corresponda. “Queremos garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos”, señaló el funcionario. Girard también destacó que los jubilados “históricamente tienen un alto compromiso con el cumplimiento fiscal”, lo que en muchos casos los lleva a abonar tributos de los que podrían estar eximidos, precisamente por ese mismo sentido de responsabilidad.

El responsable de ARBA vinculó la medida con el contexto económico actual y sostuvo que “muchas actividades vinculadas al mercado interno muestran una caída sostenida”, lo que justifica orientar el plan hacia los sectores con menor capacidad de absorber esa pérdida. En ese marco, la exención del Impuesto Inmobiliario puede representar un alivio concreto y mensurable en el presupuesto mensual de los hogares afectados.

Para los vecinos de Necochea y Quequén que sean jubilados o pensionados bonaerenses, el programa es directamente aplicable en tanto cumplan con los requisitos establecidos. El municipio forma parte del esquema territorial de implementación, por lo que se esperan operativos presenciales en los barrios de la ciudad. Quienes crean reunir las condiciones pueden acercarse a las oficinas locales de ARBA o aguardar los operativos de atención domiciliaria que el organismo tiene previsto desplegar en los próximos meses.

La iniciativa se inscribe en un debate más amplio sobre la equidad del sistema tributario provincial y la responsabilidad del Estado de garantizar que los beneficios fiscales lleguen efectivamente a quienes la ley destina. La acumulación de deudas por falta de información no solo afecta la economía individual de los jubilados, sino que también genera una carga administrativa innecesaria para el propio sistema de recaudación. En ese sentido, el cruce de datos y los operativos territoriales representan un cambio de paradigma: en lugar de esperar que el ciudadano inicie el trámite, el Estado sale a buscar al beneficiario.