El cambio en Inocencia Fiscal y qué pasa con los funcionarios
El Gobierno logró el dictamen en comisión del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que incluye modificaciones en las condiciones de ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). El objetivo central es dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y alentar la bancarización de los dólares que hoy están fuera del sistema. La versión sancionada en […]
El Gobierno logró el dictamen en comisión del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que incluye modificaciones en las condiciones de ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). El objetivo central es dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y alentar la bancarización de los dólares que hoy están fuera del sistema.
La versión sancionada en diciembre en el Congreso estableció topes de ingresos y patrimonio que limitaban el acceso al RSG, pero el Gobierno cedió ante los pedidos de la oposición y eliminó esos límites.
El proyecto refuerza los parámetros que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para detectar discrepancias en las declaraciones juradas. Además, aunque la diferencia supere el 15%, no se aplicará la exclusión del régimen si el monto no alcanza el 5% del valor de evasión previsto en la Ley Penal Tributaria.
En cuanto a los funcionarios públicos, el proyecto determina que podrán presentar la declaración jurada simplificada y pagar el impuesto, pero no tendrán acceso a los beneficios centrales del régimen, como la presunción de exactitud y la protección frente a ajustes fiscales retroactivos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, espera que el ingreso al sistema de los dólares que hoy están fuera del sistema sea una prioridad para el Ministerio de Economía. Las estimaciones oficiales ubican ese stock en USD 170.000 millones.
La discrepancia se configura si ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15%. El proyecto aprobado en comisión incluye modificaciones en las condiciones de ingreso al RSG.
El objetivo central apunta a dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes frente a eventuales cambios de gestión y alentar la bancarización de los dólares que hoy están fuera del sistema.
El proyecto refuerza los parámetros que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para detectar discrepancias en las declaraciones juradas.
En caso de que se apruebe, los funcionarios van a poder adherir al RSG, pero no van a poder sacar los dólares del colchón.
El escándalo por la adhesión del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al RSG en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito aceleró el debate y forzó cambios en la postura oficial.
El proyecto determina que los funcionarios públicos podrán presentar la declaración jurada simplificada y pagar el impuesto, pero no tendrán acceso a los beneficios centrales del régimen, como la presunción de exactitud y la protección frente a ajustes fiscales retroactivos.