UTA advierte sobre prórroga de seis meses al servicio de transporte y exige garantías laborales y de salud

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) manifestó su preocupación ante la posible extensión de seis meses del contrato de la actual empresa operadora del transporte público en Necochea, instando al Ejecutivo municipal a asumir responsabilidades políticas y garantizar derechos de los choferes.

El debate surge con la proximidad del vencimiento de la prórroga vigente, fijado para el 2 de octubre. Hasta la fecha no se ha confirmado oficialmente si se adoptará una nueva extensión y, de ser así, bajo qué condiciones. La UTA consideró que la mera decisión administrativa no basta, y exigió que la medida sea acompañada de un marco de control y supervisión que proteja a los trabajadores y a los usuarios.

En sus declaraciones, la conducción sindical subrayó que el problema no radica únicamente en la duración de la posible prórroga, sino en quién se hará responsable de los efectos que se generen durante ese período. “Una prórroga no puede ser solamente una decisión administrativa. Es una decisión política y, como tal, implica asumir la responsabilidad política por sus consecuencias”, enfatizó la organización.

La UTA también detalló la situación actual de los empleados del sector. Según el gremio, los conductores perciben sus salarios en cuotas, se encuentran con atrasos en el pago del aguinaldo y enfrentan dificultades para acceder a la obra social debido a demoras en los abonos de la empresa operadora. Ante este panorama, el sindicato formuló una serie de preguntas al gobierno local: qué garantías concretas se exigirán, qué controles se implementarán y quién responderá si persisten los retrasos salariales o la deficiencia del servicio.

El sindicato dejó clara su postura: si la autoridad municipal decide otorgar la prórroga de seis meses, deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, la regularización de los salarios y la cobertura de salud, así como asegurar un servicio digno para la ciudadanía. De lo contrario, la extensión resultaría en un costo social y económico que el municipio no puede permitirse.

En conclusión, la UTA reiteró que el tiempo adicional tiene un precio y que la falta de respuestas concretas podría derivar en un deterioro de la calidad del transporte público y en la vulneración de derechos laborales. La organización aguarda una respuesta clara y comprometida por parte del Ejecutivo, a fin de evitar que la situación se prolongue y afectar tanto a los trabajadores como a los usuarios del sistema de transporte necocheense.