Suprema Corte revoca restricción sobre compra de tierras rurales por extranjeros

La Suprema Corte de Argentina ha decidido revocar la medida cautelar que impedía la adquisición de parcelas agrícolas por parte de no residentes, reactivando el artículo 154 del DNU 70/2023 y reabriendo el mercado agrario a la inversión extranjera. Esta decisión llega tras la polémica generada por el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que había derogado la Ley de Tierras Rurales y alterado la normativa sobre la propiedad de la tierra en el país.

El fallo, emitido el 15 de septiembre de 2024 por los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, se basa en la interpretación de que la acción de amparo colectiva presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) carecía de legitimación. Según la sentencia, no se configuró una causa ni una controversia que justificara la intervención del Poder Judicial, y cualquier intento de hacerlo vulneraría el límite impuesto por el artículo 116 de la Constitución.

El tribunal precisó que su pronunciamiento no implica un análisis de la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, ni una interferencia en la facultad legislativa contemplada en el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional. Asimismo, sostuvo que la soberanía territorial no constituye un bien colectivo a los efectos del artículo 43 de la Carta Magna, por lo que no procede una acción colectiva sobre ese concepto, reforzando la autonomía del Estado sobre sus recursos naturales.

La Cámara Federal de La Plata había mantenido la medida cautelar, declarando inconstitucional la parte del decreto que regulaba la propiedad de la tierra. La anulación de la restricción por parte de la Suprema Corte ha generado críticas inmediatas por parte del CECIM, que calificó la decisión como “un acto que pone a la Argentina en venta”. El grupo de veteranos de Malvinas denunció que la Corte, al desestimar su legitimación, habría “resuelto el problema político de Milei” y habría abierto la posibilidad de que inversores extranjeros adquieran municipios, provincias, zonas de frontera, ríos y otros recursos naturales del país.

Con la revocación de la cautelar, el mercado de tierras rurales vuelve a estar disponible para compradores extranjeros en todo el territorio nacional, mientras el debate sobre la propiedad agraria y la soberanía continúa en la esfera pública y legislativa. La decisión también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la apertura económica y la protección de los recursos estratégicos del Estado, y sobre la posible necesidad de reformar la legislación para clarificar los límites de la propiedad extranjera.

En el contexto de la política nacional, la medida representa un hito que podría influir en la percepción internacional de la estabilidad jurídica de Argentina y en la confianza de los inversionistas extranjeros. La comunidad jurídica y los sectores agrarios seguirán observando de cerca las repercusiones de esta decisión en la práctica y en la posible reforma legislativa que se avecina, con miras a garantizar la seguridad jurídica y la soberanía territorial.