Rescatan a 32 galgos y detienen a cuatro personas en un allanamiento en la ruta nacional 3, km 102

Un operativo conjunto entre la Ayudantía Fiscal de Monte y el Comando de Patrulla Rural logró desarticular una red de carreras clandestinas de galgos en un predio rural ubicado sobre la ruta nacional 3, km 102, en la zona conocida como Bajada del Lance.

Durante la intervención, los efectivos policiales encontraron a 56 personas presentes en el lugar, entre las que se encontraban organizadores, corredores y colaboradores del establecimiento. La investigación, que se había iniciado con una labor de inteligencia aproximadamente un mes antes, permitió reunir pruebas suficientes para que la justicia autorizara el allanamiento.

El hallazgo incluyó una considerable cantidad de dinero en efectivo, teléfonos celulares, jeringas y diversas sustancias cuya naturaleza está siendo analizada para determinar si fueron utilizadas como estimulantes en los animales. La sospecha principal recae en que dichos productos fueron administrados a los 32 galgos hallados, con el objetivo de mejorar artificialmente su rendimiento durante las competencias que se realizaban habitualmente los domingos entre las 6 y las 9 de la mañana.

Los perros presentaban signos de desnutrición y desgaste físico, evidencias compatibles con una alimentación deficiente y un uso intensivo en las carreras. Tras ser retirados del predio, los animales fueron entregados a organizaciones de protección animal, que iniciaron controles veterinarios y un proceso de recuperación antes de considerar su posible adopción.

En el marco del procedimiento, quedaron imputadas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. Dos de los imputados estarían vinculados directamente a la organización de las carreras, mientras que los otros dos habrían facilitado el uso del predio para la realización de los eventos ilegales.

Las carreras de perros están prohibidas en la República Argentina por la Ley 27.330, la cual establece sanciones penales para quienes las organicen, promuevan, faciliten o ejecuten. La causa continúa bajo la jurisdicción de la justicia provincial, que deberá determinar el grado de responsabilidad de cada imputado y el origen de las sustancias halladas.

Este hecho subraya la importancia de la coordinación entre los organismos judiciales y policiales para combatir actividades ilícitas que vulneran tanto la normativa nacional como el bienestar animal, y refuerza el compromiso de las autoridades locales con la protección de los derechos de los animales y la seguridad de la comunidad.