Rechazan resolución sobre vacunación antiaftosa
Las Sociedades Rurales del Sudeste de Buenos Aires, que incluyen a las de Necochea y Lobería, han expresado su rechazo a la Resolución 201/2026 del Senasa que permite a los productores ganaderos elegir libremente a un veterinario privado para la vacunación antiaftosa y antibrucélica de sus rodeos a partir de enero de 2026. Estas entidades […]
Las Sociedades Rurales del Sudeste de Buenos Aires, que incluyen a las de Necochea y Lobería, han expresado su rechazo a la Resolución 201/2026 del Senasa que permite a los productores ganaderos elegir libremente a un veterinario privado para la vacunación antiaftosa y antibrucélica de sus rodeos a partir de enero de 2026.
Estas entidades cuestionan que la decisión se tomó sin una respuesta formal al documento presentado por CARBAP y destacan que la norma afecta negativamente el cumplimiento ordenado de las campañas sanitarias. También recordaron que los entes y fundaciones de vacunación han sido fundamentales para lograr el estatus de país libre con vacunación y el acceso a mercados internacionales.
Entre los puntos críticos, se menciona que la nueva normativa rompe el principio de solidaridad entre productores, el cual garantizaba un mismo costo de vacunación para todos, y desarma el sistema de control y auditoría del Senasa, dificultando el monitoreo de las campañas y la cadena de frío de las dosis. Además, advirtieron que las fundaciones no podrán planificar presupuestos, poniendo en riesgo su continuidad.
Los ruralistas recordaron que en 1999, cuando se dejó de vacunar por decisión política, se generó un caos sanitario con cuantiosas pérdidas económicas. Se preguntan: ¿Quién se hará cargo de garantizar la vacunación de la totalidad de los bovinos?
En este marco, las Sociedades Rurales solicitaron rever la medida, ajustarse a lo establecido en la Ley 24.305, reconsiderar la Resolución 368/2011, establecer un sistema de control conjunto Estado-privados y consensuar modificaciones con Senasa, entes y productores para mantener el estatus sanitario.
Finalmente, advirtieron que, de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, deslindan toda responsabilidad ante un eventual fracaso sanitario futuro.
La postura fue ratificada en una reunión realizada en Ayacucho por representantes de las sociedades rurales de la Zona VI de CARBAP, donde también se abordaron temas vinculados a Puerto Quequén, la renovación de autoridades de la entidad y un remate especial previsto en el Mercado Agroganadero de Cañuelas.
