Propuesta provincial sobre uso de celulares en secundarias y la Ley Ema: avances del Senado

En la última sesión del Senado de la Provincia de Buenos Aires se dieron pasos decisivos para regular el uso de dispositivos móviles en los establecimientos de enseñanza secundaria y para fortalecer la normativa contra la violencia digital en el ámbito educativo.

El proyecto impulsado por el diputado Martín Rozas propone limitar el uso de celulares y tabletas durante la jornada escolar, permitiendo su empleo únicamente cuando exista una autorización expresa del docente para fines pedagógicos. La iniciativa, discutida el 6 de octubre, abarca tanto a escuelas estatales como privadas, incluyendo a los centros de Necochea y Quequén.

El criterio pedagógico sitúa al docente como pieza central de la regulación: solo cuando el profesor lo requiera para una actividad académica el estudiante podrá utilizar su dispositivo. De esta forma se busca diferenciar el uso productivo, ligado a tareas escolares, del uso recreativo o ajeno a la clase, reduciendo distracciones y potenciando la concentración.

Esta propuesta se inserta en el marco de la normativa ya existente para la educación primaria, la Ley 15.534, que regula el uso de pantallas en los niveles iniciales y contempla campañas de concientización sobre los riesgos asociados. La extensión a la secundaria reconoce que, en esta etapa, los teléfonos son herramientas de comunicación cotidiana y requieren un abordaje específico.

Paralelamente, el Senado aprobó con modificaciones la Ley Ema, iniciativa que cuenta con el respaldo de la diputada Mayra Mendoza y la senadora Laura Clark. La norma crea un programa provincial de prevención y atención integral de la violencia digital, orientado a proteger a los estudiantes frente a agresiones de carácter sexual y de género en entornos virtuales, y a dotar a las instituciones de recursos y protocolos de actuación.

Para los colegios de Necochea y la zona de Quequén, la concreción de ambas leyes significará la adaptación de planes de estudio, la capacitación docente y la implementación de sistemas de reporte y seguimiento de incidentes digitales. La publicación oficial del texto definitivo será el paso necesario para fijar plazos y condiciones de aplicación.

En conclusión, los avances legislativos apuntan a un marco regulatorio más claro y a la generación de herramientas que permitan a la comunidad educativa acompañar a los adolescentes en el uso responsable de la tecnología, al tiempo que se refuerzan los mecanismos de protección contra la violencia en la esfera digital.