Programa de ciudadanía por inversión y la polémica de la Ley de Tierras en Argentina
El Programa de Ciudadanía por Inversión se presenta como una nueva herramienta de atracción de capitales extranjeros, pero su anuncio coincide con la reciente decisión de la Corte Suprema de mantener vigente el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó los límites nacionales a la compra de tierras por parte de […]
El Programa de Ciudadanía por Inversión se presenta como una nueva herramienta de atracción de capitales extranjeros, pero su anuncio coincide con la reciente decisión de la Corte Suprema de mantener vigente el DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó los límites nacionales a la compra de tierras por parte de extranjeros, reavivando una larga controversia sobre la propiedad del suelo argentino.
El programa, que entrará en funcionamiento a partir del cuarto trimestre de 2026, ofrece dos modalidades de aporte: un desembolso directo de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de 800.000 dólares. Los solicitantes pueden incluir a familiares mediante aportes adicionales, y el proceso contará con rigurosos controles de debida diligencia, origen de fondos y evaluaciones de seguridad nacional.
La decisión de la Corte Suprema de mantener el DNU 70/2023 ha generado interrogantes sobre la compatibilidad entre la ciudadanía por inversión y la adquisición de tierras. Si el Congreso decidiera revocar el DNU y restablecer las restricciones, las personas que ya hayan obtenido la nacionalidad a través del nuevo programa podrían enfrentarse a un escenario legal incierto respecto a la propiedad de extensiones de suelo.
El esquema de ciudadanía por inversión no es una iniciativa reciente; en mayo de 2025, el Decreto 366 modificó la Ley de Ciudadanía 346 para permitir la naturalización sin los dos años habituales de residencia cuando se demuestre una “inversión relevante”. Ese mismo año, el Decreto 524/2025 reglamentó el procedimiento, y se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión para supervisar el proceso.
La combinación de estos elementos ha llevado a la percepción de que el gobierno está intentando abrir la puerta a la extrajerización de tierras bajo la apariencia de una política de inversión. A pesar de que el Ejecutivo sostiene que la ciudadanía por inversión no está vinculada directamente a la compra de tierras, la coincidencia temporal con la reforma de la Ley de Tierras ha generado un debate intenso en los círculos políticos y en la opinión pública.
En la actualidad, el programa está en fase de diseño y se espera que las primeras solicitudes lleguen en 2026. Se anticipa que el Congreso tendrá que decidir sobre el futuro del DNU 70/2023 y las restricciones a la propiedad extranjera de tierras, lo que determinará el marco legal que regirá la ciudadanía por inversión en el futuro.
En conclusión, la introducción del Programa de Ciudadanía por Inversión y la permanencia del DNU 70/2023 han reavivado la discusión sobre la propiedad de la tierra en Argentina, planteando preguntas cruciales sobre la compatibilidad entre la atracción de capitales y la protección de la soberanía territorial.