Paro de colectivos en Necochea y Quequén: choferes retienen tareas por salarios adeudados del mes de abril
El transporte público de pasajeros en Necochea y Quequén atraviesa una nueva jornada de conflicto laboral. Los choferes de las líneas urbanas llevan adelante una retención de tareas en reclamo del pago íntegro de sus haberes correspondientes al mes de abril, luego de que la empresa prestataria del servicio abonara únicamente entre el 45% y […]
El transporte público de pasajeros en Necochea y Quequén atraviesa una nueva jornada de conflicto laboral. Los choferes de las líneas urbanas llevan adelante una retención de tareas en reclamo del pago íntegro de sus haberes correspondientes al mes de abril, luego de que la empresa prestataria del servicio abonara únicamente entre el 45% y el 50% de los salarios adeudados. La medida de fuerza se ejecuta de manera fraccionada a lo largo del día, afectando la circulación en horarios específicos y generando inconvenientes para los usuarios que dependen del transporte colectivo como principal medio de movilidad.
El conflicto se inició en la víspera, cuando las unidades fueron paralizadas durante la tarde del martes 20 de mayo en el horario comprendido entre las 14:00 y las 16:30. La interrupción marcó el comienzo de un esquema de medidas escalonadas que los trabajadores decidieron sostener durante la jornada del miércoles ante la falta de respuesta satisfactoria por parte de la empresa.
Para la jornada de hoy, el cronograma de cortes del servicio contempla dos ventanas horarias diferenciadas. Por la mañana, no habrá circulación de micros entre las 9:00 y las 11:00, mientras que por la tarde el servicio volverá a interrumpirse entre las 14:00 y las 16:00. Los recorridos funcionan con normalidad fuera de esas franjas, aunque la incertidumbre respecto de una posible profundización del conflicto mantiene en alerta a los vecinos del partido.
Frente al reclamo de los trabajadores, los directivos de la empresa transportista ofrecieron una explicación vinculada a la situación financiera del sector. Según argumentaron ante los trabajadores, los niveles actuales de facturación no resultan suficientes para afrontar la masa salarial completa en tiempo y forma. La caída en la recaudación operativa local se ve agravada, según la firma, por las demoras en la transferencia de fondos nacionales: los montos correspondientes a los denominados “atributos” —los subsidios asociados a las tarifas sociales instrumentadas a través de la tarjeta SUBE— no estarían ingresando con la regularidad necesaria, lo que genera un impacto directo en la liquidez de la empresa.
La situación pone en evidencia una problemática que excede el plano estrictamente local. Las dificultades financieras de las empresas del transporte urbano del interior del país están vinculadas, en buena medida, a los tiempos y modalidades con que el Estado Nacional transfiere los subsidios destinados a sostener las tarifas del servicio. Cuando esas transferencias se demoran, las compañías trasladan el impacto a sus proveedores y, en última instancia, a sus propios trabajadores, quienes terminan cobrando sus haberes de manera parcial o fuera de término.
Desde el sector gremial no se han emitido declaraciones públicas formales hasta el cierre de esta edición, aunque fuentes cercanas al conflicto indicaron que se esperan instancias de negociación en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de encontrar una solución que permita regularizar el pago de los salarios adeudados y dar por concluidas las medidas de fuerza.
Mientras tanto, desde distintos sectores se recomienda a los usuarios del partido prever alternativas de traslado durante las franjas horarias afectadas, especialmente aquellos que utilicen el transporte público para concurrir a sus lugares de trabajo, centros de salud o establecimientos educativos. La situación resulta particularmente sensible para los vecinos de menores recursos que no cuentan con medios de transporte propios.
El conflicto salarial en el transporte urbano de Necochea y Quequén refleja las tensiones que atraviesa el sector a nivel provincial y nacional en un contexto de ajuste en las transferencias del Estado. La resolución del diferendo dependerá, en gran medida, de la celeridad con que las partes —empresa, sindicato y organismos estatales— logren acordar un esquema de pago que garantice los derechos de los trabajadores sin comprometer la continuidad del servicio para la comunidad.
