Organizaciones de derechos humanos alertan sobre presunto ataque a la independencia judicial en la Ciudad de Buenos Aires

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil emitió un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contra la magistrada Laura De Marinis ante el Consejo de la Magistratura. El documento, firmado por diversas entidades, señala que la medida constituye una posible injerencia del Poder Ejecutivo en la función judicial.

Según el comunicado, la acción disciplinaria se originó tras un fallo de la jueza que declaró la inconstitucionalidad de la reducción de la edad de punibilidad en un caso concreto, al decidir no perseguir penalmente a un adolescente de 14 años acusado de intento de robo de un teléfono celular. La magistrada fundamentó su decisión en estándares internacionales de derechos humanos y en recomendaciones de organismos internacionales sobre infancia, que establecen que la sanción penal debe ser un último recurso.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina, la Red de Abogados y Abogadas por los Derechos en Acción (RADA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Asociación Pensamiento Penal (APP), la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Fundación Sur Argentina, La Poderosa y el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina, advirtieron que la medida busca generar un efecto amedrentador sobre la labor de la magistratura.

En el texto del comunicado se citan pronunciamientos de la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, quien ha señalado que el uso de medidas disciplinarias con motivación política puede menoscabar la función judicial y la confianza pública en el sistema de justicia. Las entidades subrayan que, fuera de los recursos de apelación ordinarios, la reacción del gobierno porteño vulnera la separación de poderes y las garantías del Estado de derecho.

Las firmas solicitan al Consejo de la Magistratura que archive la denuncia de manera pronta, argumentando que la medida no solo afecta a la magistrada involucrada, sino que también pone en riesgo la estabilidad institucional del Poder Judicial. El llamado se enmarca dentro de una preocupación más amplia sobre la independencia judicial en el país, tema que ha sido objeto de debate en distintos foros nacionales e internacionales.

El comunicado también hace referencia a la necesidad de que las decisiones judiciales se basen en criterios técnicos y legales, sin interferencias externas que puedan comprometer la imparcialidad. En este sentido, las organizaciones reiteran su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de los menores, destacando la importancia de aplicar medidas de protección social antes de recurrir a la sanción penal.

En conclusión, las entidades firmantes mantienen su posición de que cualquier acción que pueda percibirse como una presión sobre la independencia de los jueces debe ser evaluada con rigor y, en caso de confirmarse, revertida para preservar la confianza ciudadana en el sistema judicial.