Morosidad empresarial: 58.982 compañías en situación irregular, un aumento del 53% en un año

Un total de 58.982 empresas se encuentran en situación irregular en el pago de sus créditos bancarios, lo que representa un incremento del 53% respecto al mismo período del año anterior, según datos difundidos por la consultora Fidelitas. Solo en septiembre, 1.937 firmas se sumaron a la lista de deudoras, un 3,5% más que en agosto.

El Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF) descendió 0,6 puntos y se ubicó en 37,7 unidades, dentro de la categoría de “Riesgo Elevado”. Este indicador refleja un deterioro en las condiciones crediticias que afecta a una porción significativa del entramado productivo.

Entre las cifras clave, se observa que los CUIT en situación 5, correspondientes a deudas irrecuperables, pasaron de aproximadamente 1,8 millones en enero de 2025 a cerca de 3,7 millones en la actualidad. La mora temprana (situación 2) disminuyó un 8,9%, aunque el panorama general sigue siendo desfavorable. El componente de Riesgo Crediticio marcó 19 puntos, el valor más bajo entre las dimensiones evaluadas.

El impacto en la actividad económica se refleja en el indicador correspondiente, que alcanzó 51,2 puntos, afectado por la caída interanual del EMAE de julio y la contracción de los sectores industrial y de la construcción. La minería mostró una evolución positiva en agosto. El componente financiero y de precios subió a 54,9 puntos, impulsado por una ligera reducción de la brecha entre las tasas de préstamos personales y los depósitos.

El comercio exterior fue la única área con mejor desempeño, obteniendo 72,8 puntos gracias al superávit comercial registrado en agosto. Esta evolución contrasta con la debilidad del mercado interno.

El CEO de Fidelitas, Félix El Idd, advirtió que “las herramientas monetarias que estabilizan la economía también encarecen el financiamiento, profundizando las dificultades de empresas y familias”. Señaló que la recuperación del crédito es esencial para reactivar la actividad productiva.

El gobierno mantiene una política de tasas reales positivas para incentivar la inversión en pesos, pero reconoce que ello eleva el costo de los préstamos y puede retrasar decisiones de inversión. La demanda privada de divisas para dolarizar activos y pagar dividendos ronda los US$ 2.500 millones mensuales, mientras que los vencimientos de deuda soberana previstos para 2027 ascienden a unos US$ 25.000 millones. Los bonos que vencen en 2028 superan el 20% de rendimiento y el riesgo país se mantiene por encima de los 550 puntos.

Para finales de 2026 no se anticipan cambios sustanciales en el escenario. El Ejecutivo confía en un mayor ingreso de divisas por la cosecha de trigo y la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Sur, y espera que los proyectos vinculados al RIGI aporten recursos a mediano plazo, aunque la incertidumbre política y financiera seguirá influyendo en las decisiones de inversión.

En conclusión, el fuerte aumento de la morosidad empresarial y el elevado riesgo crediticio plantean desafíos significativos para la recuperación económica. La combinación de políticas monetarias restrictivas y un contexto internacional incierto exige un monitoreo constante y posibles ajustes para evitar un mayor deterioro del tejido productivo.