Meta enfrenta juicio por despido colectivo de 2.062 trabajadores en Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha iniciado un proceso judicial para determinar si el cierre del centro de moderación de la Torre Glòries y los 2.062 despidos fueron consecuencia de la rescisión del contrato de Meta o de un traslado de actividades. El caso, que involucra a trabajadores que desde 2018 hasta 2025 moderaron contenidos de Facebook, Instagram y Messenger, ha generado un debate sobre la responsabilidad laboral y la protección psicológica de los empleados.

Los empleados afectados formaban parte de la empresa CCC Barcelona Digital Services, incorporada en 2020 a Telus Digital, una de las contratistas de Meta encargada de revisar publicaciones violentas, sexuales o perturbadoras. El expediente judicial, abierto el martes, busca establecer si el cierre del servicio y el expediente de regulación de empleo acordado en abril de 2025 se ajustaron a la normativa laboral vigente.

El sindicato FIST reclama la nulidad de los despidos, argumentando que la decisión de Meta pudo estar vinculada a más de 1.200 reclamaciones laborales por salarios, salud mental y prevención de riesgos. Los moderadores denunciaron durante años el impacto psicológico de la exposición constante a material extremo: asesinatos, desmembramientos, torturas, violaciones, suicidios en directo, abusos sexuales a menores, canibalismo, violencia de narcotraficantes y maltrato animal. Testimonios recogidos por La Vanguardia en octubre de 2023 describieron pesadillas, insomnio, ataques de pánico, ansiedad, depresión, estrés postraumático y, en el caso de una moderadora argentina, pensamientos suicidas.

En octubre de 2023 la plantilla de CCC/Telus en Barcelona alcanzó los 2.030 empleados, con una tasa de absentismo del 19,8 %. Los grupos más numerosos eran los vinculados a los mercados latinoamericanos de habla española y portuguesa, con alrededor de 800 trabajadores cada uno. La empresa afirmó disponer de psicólogos y espacios de bienestar, aunque los empleados consideraron insuficientes esas medidas. La Inspección de Trabajo de Cataluña inició una investigación en 2021 y, en 2022, sancionó a la compañía con 40.985 euros por deficiencias en la prevención de riesgos psicosociales.

En enero de 2024 una sentencia reconoció accidente laboral la enfermedad psiquiátrica de un moderador, y el Tribunal Supremo español confirmó el 4 de marzo de 2026 que los trastornos estaban vinculados a la actividad de moderación bajo exigencias de ritmo y visión continua de violencia extrema. El 2 de abril de 2025 Meta comunicó que dejaría de utilizar los servicios de moderación de Telus desde la Torre Glòries, lo que puso en riesgo unos 2.000 puestos y derivó en el despido colectivo ejecutado entre abril y mayo de ese año.

Las empresas sostienen que la rescisión del contrato obligó a los despidos por causas organizativas y productivas, mientras FIST alega que parte de la actividad fue trasladada a otros países europeos. El proceso judicial, que aún está a la espera de sentencia, busca esclarecer si la medida adoptada por Meta cumplió con la normativa laboral y si los derechos de los trabajadores fueron respetados.

El caso pone de relieve la creciente preocupación por la salud mental de los moderadores de contenido y la necesidad de establecer mecanismos de protección más robustos en el sector tecnológico. La comunidad internacional observa con atención el desenlace de este proceso, que podría sentar un precedente importante para futuros despidos colectivos en la industria.