La Justicia multó a Diego Santilli por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso una multa diaria de $100.000 a Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión busca que el Poder Ejecutivo cumpla con la orden judicial que establece la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de garantizar los recursos destinados a las becas estudiantiles. La sanción fue dispuesta luego de que vencieran los plazos otorgados al Gobierno para cumplir con la medida sin que se acreditara su cumplimiento integral. El magistrado advirtió que tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si persiste la situación.

La resolución respondió a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a las universidades públicas y había solicitado la aplicación de sanciones económicas ante la falta de cumplimiento de la cautelar. El juez Cormick había intimado al Estado nacional a cumplir con la medida en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de imponer multas por cada jornada de demora. Tras una nueva intimación y el vencimiento de los plazos, el magistrado decidió hacer efectiva la advertencia. La sanción se instrumentó mediante las denominadas astreintes, una herramienta judicial que establece multas económicas para presionar al cumplimiento de una obligación. En este caso, el monto inicial quedó fijado en $100.000 por día para el funcionario a cargo de la Jefatura de Gabinete.

Según los fundamentos de la resolución, la medida apunta a garantizar el cumplimiento efectivo de una orden judicial que continúa vigente, independientemente de la discusión de fondo sobre la aplicación de la ley. La Ley de Financiamiento Universitario contempla mecanismos de recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes, además de la actualización de los fondos destinados a las becas estudiantiles. En particular, la norma establece una recomposición de los salarios para compensar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. De acuerdo con el cálculo citado en el expediente judicial, esa actualización representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025. También contempla actualizaciones mensuales posteriores de acuerdo con la evolución del IPC y la recomposición de las becas estudiantiles.

El conflicto se profundizó después de que el Poder Ejecutivo condicionara la aplicación de la ley mediante el Decreto 759/2025. Cormick declaró inconstitucional esa disposición, aunque el Gobierno apeló el fallo y el expediente principal continúa bajo revisión de la Cámara. La medida cautelar sigue vigente y el juez podría modificar el monto de la multa o ampliar los funcionarios alcanzados si no se acredita el cumplimiento.

La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El fallo del juez Cormick representa un avance en el reclamo del sector universitario, que desde hace meses exige la aplicación plena de la ley. La multa diaria busca presionar al Ejecutivo para que regularice la situación salarial y garantice los fondos para las becas. El Gobierno, por su parte, sostiene que la ley es inaplicable en los términos sancionados y apeló la decisión.

El expediente continuará en la Cámara, donde se revisará la constitucionalidad del decreto que condicionó la ley. Mientras tanto, la multa diaria sigue acumulándose y el conflicto entre el Gobierno y las universidades no muestra señales de solución. La comunidad universitaria espera una respuesta favorable de la Justicia para recomponer los salarios y asegurar el funcionamiento de las casas de estudio.