La Justicia detiene aumentos tarifarios en Necochea: ¿qué implica para la UPC?
La reciente medida cautelar dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca ha detenido la aplicación de los aumentos previstos en la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, afectando directamente a los consumidores de la Usina Popular Cooperativa (UPC) de Necochea. El juez, tras recibir la solicitud […]
La reciente medida cautelar dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca ha detenido la aplicación de los aumentos previstos en la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, afectando directamente a los consumidores de la Usina Popular Cooperativa (UPC) de Necochea.
El juez, tras recibir la solicitud presentada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, ordenó la suspensión de los nuevos valores de la tarifa eléctrica y la restitución del cuadro tarifario anterior en lo que respecta a los componentes provinciales. La decisión, que entró en vigor el día de su publicación, busca garantizar la transparencia y la participación ciudadana en la fijación de precios de servicios públicos esenciales.
Según las fuentes consultadas por el medio, la UPC deberá esperar la notificación formal del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA) antes de efectuar cualquier ajuste en las facturas. Una vez recibida la comunicación, la cooperativa aplicará las correcciones tarifarias que el organismo determine, asegurando que los usuarios reciban la información necesaria y los mecanismos de participación requeridos por la ley.
La medida cautelar también contempla la situación de los clientes que ya hayan pagado facturas con los valores cuestionados. En esos casos, los importes pagados se imputarán como saldo a favor en la próxima factura, lo que implica una corrección retroactiva que evita que los consumidores sufran doble carga económica.
El fundamento de la decisión judicial radica en la ausencia de una audiencia pública reciente para la actualización del Valor Agregado de Distribución y otros componentes provinciales. El juez señaló que la última audiencia pública convocada por el Gobierno bonaerense se remonta a 2016, lo que, según la normativa, no cumple con los requisitos de participación ciudadana exigidos para la fijación de tarifas.
Para la UPC, la aplicación de la medida no será automática. La cooperativa ha indicado que, una vez que el OCEBA le envíe la notificación correspondiente, se procederá a la corrección de las tarifas de acuerdo con la normativa vigente. Mientras tanto, los usuarios deberán seguir recibiendo facturas con los valores anteriores, aunque se les informará sobre los cambios que se implementarán en las próximas facturas.
El impacto de la suspensión de los aumentos tarifarios se extiende más allá del ámbito individual, afectando también a las empresas locales que dependen de la electricidad para sus operaciones. Al evitar que se apliquen los nuevos valores, la UPC contribuye a mantener la competitividad de los negocios de Necochea, preservando el poder adquisitivo de los consumidores y evitando un incremento abrupto en los costos operativos de las pequeñas y medianas empresas.
En conclusión, la intervención judicial representa un paso importante para proteger a los consumidores de Necochea frente a aumentos tarifarios que se consideraron procedentes sin la debida participación ciudadana. La UPC y el OCEBA deberán coordinarse para garantizar la correcta aplicación de las correcciones y la transparencia en la información que se brinda a los usuarios. La medida, que se mantiene en vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva, subraya la importancia de la participación ciudadana en la regulación de los servicios públicos y la necesidad de que los organismos reguladores actúen con previsión y claridad ante los cambios en las tarifas eléctricas.
