La Justicia avanza contra Francisco Adorni por enriquecimiento ilícito: pidió información al Ministerio de Defensa y él rectificó su declaración jurada
La causa judicial que investiga al diputado bonaerense de La Libertad Avanza Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito registró nuevos movimientos en las últimas horas. Por orden del fiscal federal Guillermo Marijuán, la Justicia realizó un procedimiento ante el Ministerio de Defensa para obtener documentación vinculada a los cargos que ocupó el dirigente y los […]
La causa judicial que investiga al diputado bonaerense de La Libertad Avanza Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito registró nuevos movimientos en las últimas horas. Por orden del fiscal federal Guillermo Marijuán, la Justicia realizó un procedimiento ante el Ministerio de Defensa para obtener documentación vinculada a los cargos que ocupó el dirigente y los ingresos que percibió durante su paso por esa cartera nacional. En paralelo, la defensa de Adorni presentó un escrito ante el tribunal para intentar justificar el crecimiento de su patrimonio y rectificó su declaración jurada.
El requerimiento judicial dirigido al Ministerio de Defensa —conducido por el ministro Luis Petri— incluyó documentación administrativa, copias del legajo personal, registros salariales y datos sobre las funciones desempeñadas por Francisco Adorni dentro de esa cartera. La medida apunta a reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar si los bienes declarados guardan relación con sus ingresos oficiales durante ese período.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó el crecimiento patrimonial del actual legislador bonaerense. La presentación judicial puso el foco en la diferencia entre los ingresos declarados y el patrimonio informado en los últimos años, lo que motivó a la fiscalía a avanzar con distintos pedidos de información ante organismos públicos y entidades financieras.
Además de los registros del Ministerio de Defensa, la fiscalía también solicitó datos bancarios, fiscales y patrimoniales para analizar movimientos de cuentas, adquisición de bienes y declaraciones juradas. El expediente busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado, figura contemplada en el Código Penal argentino para los funcionarios públicos que no pueden acreditar el origen de sus bienes en relación con los ingresos percibidos durante el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con la información incorporada a la causa, Francisco Adorni declaró durante 2025 un patrimonio superior a los 80 millones de pesos. Entre los bienes consignados figuran inmuebles, vehículos, dinero en efectivo y ahorros. La Justicia intenta ahora establecer si esos activos pueden justificarse con los salarios cobrados tanto en cargos nacionales como en la Legislatura bonaerense.
La investigación también pone bajo análisis el recorrido político y administrativo del dirigente libertario. Antes de asumir como diputado provincial, Francisco Adorni ocupó funciones dentro del Ministerio de Defensa, área desde la cual se habrían originado parte de los ingresos actualmente bajo escrutinio judicial. Cabe señalar que el imputado es hermano del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, dato que añade notoriedad pública al expediente.
En cuanto a la estrategia de la defensa, Francisco Adorni presentó un escrito ante la Justicia en el que sostuvo que habrían existido errores en su declaración jurada original, razón por la cual procedió a rectificarla. La presentación buscó ofrecer explicaciones sobre el incremento patrimonial y encuadrarlo dentro de los ingresos percibidos como funcionario y legislador. Los argumentos de la defensa serán analizados por el fiscal Guillermo Marijuán en el marco de la instrucción en curso.
El expediente continúa su curso en la Justicia federal y se espera que la documentación obtenida del Ministerio de Defensa sea incorporada en los próximos días al legajo. La causa, que involucra a un legislador de La Libertad Avanza y tiene como denunciante a una dirigente del mismo espacio político, marca un capítulo de tensión interna dentro de la fuerza gobernante a nivel nacional, al tiempo que la fiscalía mantiene activas sus diligencias para determinar si existe mérito suficiente para avanzar hacia una instancia de mayor profundidad procesal.
