La Cámara suspendió la multa al Gobierno por el financiamiento universitario: entre los jueces firmantes está Sergio Fernández, integrante de la comitiva que viajó a París con Milei

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente la multa diaria de $100.000 que pesaba sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con el financiamiento universitario. La resolución fue firmada por el camarista Sergio Fernández, junto a los jueces subrogantes José Luis López Castiñeira y Jorge Morán, y se conoció este jueves, el mismo día en que se realizó la quinta Marcha Federal Universitaria.

La sanción había sido dictada el miércoles por el juez Martín Cormick, quien consideró verificado el incumplimiento de la cautelar que obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y a garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles. La multa de $100.000 diarios duró menos de 24 horas: el tribunal hizo lugar a una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y ordenó que el recurso del Estado contra la sanción se tramite con efecto suspensivo, lo que deja en pausa la penalidad mientras continúa la discusión judicial.

La presencia de Sergio Fernández en la resolución adquiere relevancia política por su participación en el viaje oficial a Francia. El magistrado fue uno de los tres jueces incorporados a la delegación presidencial por iniciativa del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para acompañar a Javier Milei en las actividades de la Argentina Week en París, a fines de septiembre. Fernández integra la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el fuero que interviene en causas vinculadas con decisiones del Poder Ejecutivo y que tiene un papel central en la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El Gobierno sostuvo en su presentación que la cautelar ya había sido cumplida y cuestionó la decisión de Cormick de hacer efectiva la sanción económica contra Santilli. Con la suspensión dispuesta por la Sala III, la multa queda sin efecto hasta que se resuelva el fondo del recurso. La medida original buscaba compelir al Ejecutivo a cumplir con la actualización salarial y con el envío de fondos para becas, en el marco del conflicto entre el Estado nacional y las universidades públicas.

La coincidencia temporal entre la decisión judicial y la Marcha Federal Universitaria volvió a poner el foco sobre los vínculos institucionales entre el Gobierno y sectores del Poder Judicial. La movilización, convocada para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento, reunió a rectores, docentes, no docentes y estudiantes en distintas ciudades del país, y tuvo como eje central la defensa del sistema universitario público.

Fuentes judiciales señalaron que la suspensión no implica una definición sobre el fondo del conflicto, sino que responde a una cuestión procesal: el tribunal admitió que el recurso del Estado se tramite con efecto suspensivo, lo que congela la multa mientras se sustancia la apelación. El expediente continuará en la Cámara, donde se discutirá si el Ejecutivo cumplió o no con la cautelar y si corresponde o no mantener la sanción contra Santilli.

El caso se inscribe en una disputa más amplia por el financiamiento universitario, que enfrenta al Gobierno nacional con las casas de altos estudios y con los gremios del sector. La ley aprobada por el Congreso establece pautas de actualización salarial y de asignación de fondos, y su aplicación efectiva es el punto central del reclamo universitario. La decisión de la Cámara de suspender la multa no resuelve ese conflicto de fondo, pero sí posterga la presión económica sobre el jefe de Gabinete.

En tanto, la presencia de Fernández en la comitiva presidencial y su firma en la resolución que favorece al Gobierno reavivó el debate sobre la independencia del Poder Judicial y sobre los criterios con los que se resuelven los conflictos entre el Estado y las universidades. El magistrado no se pronunció públicamente sobre su participación en el viaje ni sobre la decisión adoptada. La causa seguirá su curso en la Justicia, mientras el reclamo universitario mantiene su vigencia en las calles y en el ámbito legislativo.