Justicia detiene aumentos de tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, presidido por el juez Agustín López Coppola, ha emitido un fallo que detiene los incrementos de la tarifa de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. La medida, que se aplica a partir de agosto de 2026, ordena la retroacción de las tarifas a los valores vigentes antes de dicha fecha y prohíbe cualquier nuevo aumento sin la realización de una audiencia pública previa. Esta decisión responde a un recurso presentado por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

El fallo invalida la Resolución 585/2026 emitida por el Ministerio de Infraestructura provincial, la cual había establecido la suba de la tarifa bajo la premisa de una transición energética de emergencia. Según el juez, la falta de una audiencia pública adecuada y el paso de más de diez años desde la última deliberación pública en 2016, hacen que la medida carezca de legitimidad democrática. El tribunal citó jurisprudencia de la Corte Suprema y del precedente Negrelli para fundamentar su decisión.

La medida cautelar afecta directamente a las cuatro distribuidoras bajo jurisdicción provincial: EDES, EDELAP, EDEA y EDEN. Se excluyen expresamente las cooperativas eléctricas y las empresas Edenor y Edesur, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo la regulación del Gobierno nacional. El fallo, por tanto, se limita al ámbito provincial, sin interferir en la normativa nacional que rige a las compañías de la capital.

Entre las medidas concretas adoptadas, el juez ordenó la suspensión inmediata de los incrementos, la devolución de los montos cobrados en exceso y la refacturación de las facturas emitidas durante el período de aplicación de la Resolución 585/2026. Asimismo, se estableció que cada boleta emitida bajo el esquema suspendido debe considerarse una lesión preventiva, evitando que el perjuicio económico se convierta en una obligación consumada para el Estado. Estas disposiciones buscan proteger a los usuarios y garantizar la equidad tarifaria.

La decisión tiene repercusiones significativas tanto para los consumidores como para la gestión provincial. Por un lado, se evita que los usuarios enfrenten aumentos inesperados en sus facturas de energía, lo que alivia la presión sobre los hogares y las pequeñas empresas. Por otro, el gobierno deberá revisar sus políticas tarifarias y establecer mecanismos de participación ciudadana más robustos, de modo que las futuras modificaciones se realicen dentro de un marco de transparencia y consulta pública.

El tribunal también destacó que la ausencia de audiencias públicas durante más de una década desnaturaliza el derecho a la información de los usuarios. En palabras del juez, “pretender justificar constantes subas en una ‘tarifa de transición’ por tiempo indefinido desnaturaliza el derecho a la información de los usuarios”. Este comentario subraya la importancia de la participación ciudadana en la determinación de tarifas públicas y refuerza la necesidad de procesos democráticos en la administración de servicios esenciales.

En conclusión, la intervención judicial marca un hito en la regulación de los servicios públicos en la provincia de Buenos Aires. Al detener los incrementos de la tarifa eléctrica y exigir la participación ciudadana, el fallo establece un precedente que podría influir en futuras decisiones sobre precios y regulaciones públicas. La medida busca equilibrar la necesidad de la provincia de gestionar sus recursos energéticos con el derecho de los usuarios a una información clara y a la participación en la toma de decisiones que afectan su economía cotidiana.