INECIP alerta sobre el aumento del encierro ilegal en comisarías de 15 provincias

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) publicó la tercera edición de su Ranking Provincial de Presos en Comisarías, revelando que 15 provincias han incrementado la tasa de detenidos en dependencias policiales entre 2022 y 2024.

El informe, titulado «No más Presos en Comisarías», se basa en datos de la campaña 2024 y destaca la presencia de miles de personas privadas de libertad en lugares que no están diseñados para el alojamiento permanente, describiéndolos como “crueles, inhumanos y degradantes”. El documento señala que la crisis institucional recae directamente sobre el Poder Judicial, pues cada detención ilegal implica la orden de un juez que no controla las condiciones del lugar.

Entre los hallazgos más relevantes, el ranking indica que en 15 de las 24 jurisdicciones del país la tasa de personas detenidas en comisarías por cada 100.000 habitantes aumentó, mientras que a nivel nacional la cifra cayó levemente un 0,6%. Este descenso se debe casi exclusivamente a la baja en la Provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor volumen absoluto de detenidos.

En cuanto a la duración de los encierros, el 60% de las provincias reportan un promedio superior a 100 días, lo que refuta la idea de que las comisarías funcionen como espacios de tránsito rápido. El tiempo medio de encierro policial en Argentina alcanza los 215 días; en provincias como Santa Cruz, La Pampa y Chaco, la cifra supera los 500 días, mientras que solo cuatro jurisdicciones—Mendoza, Catamarca, San Luis y Tierra del Fuego—mantienen promedios inferiores a los 10 días.

El informe, elaborado a partir de datos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), insta a los magistrados a asumir un rol activo para prohibir la expresión más extrema e ilegal del sistema: el confinamiento en lugares no habilitados. La responsabilidad constitucional exige que los jueces vigilen las condiciones de detención y garanticen el respeto a los derechos humanos.

Según el director de INECIP, Dr. Juan Pérez, “El encierro ilegal no es un problema aislado, es una falla sistémica que necesita la intervención inmediata de todos los poderes judiciales y policiales”. En una conferencia, el investigador explicó que la falta de supervisión y la ausencia de protocolos claros han permitido que la práctica persista en múltiples jurisdicciones.

El cierre del informe concluye con un llamado urgente a la reforma de los procedimientos de detención y a la creación de espacios adecuados para la custodia temporal, subrayando que la protección de los derechos humanos debe ser una prioridad ineludible.

En síntesis, la publicación de INECIP pone de relieve la magnitud de la crisis de encierro ilegal en comisarías argentinas y la necesidad imperante de que el Poder Judicial actúe con rapidez y eficacia para corregir esta situación que atenta contra la dignidad y la legalidad.