Fiscales solicitan 12 años de prisión para Leopoldo Luque por la muerte de Maradona

En la audiencia celebrada ante el Tribunal Penal de San Isidro, los fiscales generales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentaron una acusación que contempla una pena de 12 años de prisión para el neurocirujón Leopoldo Luque, responsable del tratamiento médico que precedió al fallecimiento del exfutbolista Diego Armando Maradona en noviembre de 2020.

Según el alegato de la fiscalía, Luque habría incurrido en omisiones y decisiones equivocadas entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, periodo que abarca desde el traslado del deportista tras una operación por hematoma subdural hasta su llegada a la vivienda alquilada en el barrio privado San Andrés, en la localidad de Tigre. La acusación lo califica de homicidio simple con dolo eventual, por lo que se solicita la máxima condena prevista en la causa.

Junto a Luque, la fiscalía también señaló a la coordinadora médica de Swiss Medical, Nancy Forlini, y a la psiquiatra Agustina Cosachov, a quienes se les imputa el mismo delito. A ambos se les pidió una pena de 10 años y 8 años de prisión, respectivamente, por su supuesta responsabilidad en la cadena de decisiones que culminó en la muerte del astro del fútbol.

El psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón fueron acusados de homicidio culposo, con penas solicitadas entre cuatro y cinco años de cárcel, además de la duplicación del tiempo de inhabilitación profesional. Estas medidas pretenden reflejar la gravedad de la supuesta negligencia en la atención médica del fallecido.

El fiscal Ferrari informó que, pese a la gravedad de los cargos, no se solicitará la detención inmediata de los imputados, al no existir riesgo de fuga y porque una eventual condena aún no sería firme. No obstante, la fiscalía exigió la entrega de los pasaportes de los acusados y la notificación de esta medida a los organismos pertinentes, incluidos los países limítrofes, con el fin de garantizar su presencia durante el proceso judicial.

En contraste, el médico clínico Pedro Di Spagna, séptimo imputado, no recibió cargos. Ferrari explicó que “no existieron hechos ni fundamentos de derecho que le imputen responsabilidad penal; no tuvo potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente”. Esta exclusión subraya la diferenciación que la fiscalía hace entre los roles y las decisiones tomadas durante la atención al futbolista.

La audiencia, que incluyó una pausa de una hora, continuará mientras el tribunal evalúa la responsabilidad de cada uno de los profesionales involucrados. La muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, sigue generando un intenso debate sobre la calidad de la atención médica y la rendición de cuentas en casos de alto perfil.