Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo que declaró inconstitucional el decreto y demora el cumplimiento de la ley

El Gobierno nacional presentó una apelación contra el fallo de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario y que obligaba al Ejecutivo a cumplir con la normativa. La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, busca revertir la decisión del juez Martín Cormick, quien dejó sin efecto el Decreto 759/2025 por considerar que causaba un “gravamen irreparable”.

Según el recurso presentado, la sentencia genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” porque ordena la ejecución de la ley “sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable”. Además, sostiene que no se dio “adecuada respuesta a defensas centrales oportunamente introducidas por el Estado Nacional”.

El Gobierno argumenta que el cumplimiento de la normativa “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que no se identifica una “fuente de financiamiento específica y suficiente”. En ese sentido, desde la cartera que conduce Sandra Pettovello cuestionaron la procedencia del amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), al considerar que no es una “vía idónea para resolver en forma definitiva una controversia que requiere determinar hechos, montos, fuentes de financiamiento y alcances normativos controvertidos”.

Asimismo, remarcaron que la ley afecta el equilibrio fiscal y que la Ley 24.629 debe interpretarse “armónicamente” junto con las leyes 24.156 y 27.798, que establecen normas para autorizar y ejecutar el gasto público. “Si los mayores gastos deben financiarse mediante reasignaciones, ello supone necesariamente reducir créditos destinados a otras finalidades”, enfatizaron.

En esa línea, aseguraron que la Ley de Financiamiento Universitario “exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”. También manifestaron que la confirmación del fallo afectaría la “división de poderes” al “imponer al Poder Ejecutivo la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen legal de administración financiera y con la Ley de Presupuesto vigente”.

De esta forma, el Gobierno busca revocar la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025 y diluir los plazos para el cumplimiento de la ley, en medio de los reclamos del sector universitario para que se otorguen las partidas presupuestarias y se avance en la paritaria para docentes y no docentes.

La apelación genera incertidumbre en el ámbito universitario, que espera una pronta solución para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio. Mientras tanto, el conflicto judicial continúa y el futuro del financiamiento universitario queda sujeto a la decisión de la Cámara.