El oficialismo dictaminó la restitución de la Ley de Tierras y busca frenar el rechazo al DNU de Milei
La Libertad Avanza logró avanzar este martes en la Cámara de Diputados con un dictamen que propone restablecer la Ley de Tierras, derogada por el Gobierno de Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La decisión se adoptó en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, […]
La Libertad Avanza logró avanzar este martes en la Cámara de Diputados con un dictamen que propone restablecer la Ley de Tierras, derogada por el Gobierno de Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La decisión se adoptó en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde el oficialismo incorporó dos artículos al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La iniciativa busca recuperar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros que establecía la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011. Según se informó, la medida se conoció a menos de 24 horas de una sesión convocada por la oposición para intentar rechazar el DNU 70/2023 en su totalidad. El movimiento legislativo también apunta a reducir las diferencias con los bloques aliados, en un contexto en el que el oficialismo busca sostener el decreto y evitar que prospere la ofensiva parlamentaria opositora.
El dictamen fue impulsado con la incorporación de dos artículos propuestos por el diputado radical Diógenes González. Uno establece dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la normativa anterior, mientras que el otro dispone restituir la plena vigencia de la Ley de Tierras. Sin embargo, el dictamen no implica que la norma ya esté restablecida. Para que eso ocurra, el proyecto deberá completar el trámite legislativo correspondiente y recibir la aprobación de ambas cámaras.
La Ley 26.737, aprobada en diciembre de 2011, estableció límites a la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Entre sus principales disposiciones, fija un máximo del 15% de las tierras rurales del país que pueden estar en manos extranjeras, con límites equivalentes a escala provincial y municipal. Además, establece que las personas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese porcentaje destinado a titulares extranjeros. La norma también contempla restricciones vinculadas con determinadas zonas estratégicas y con la concentración de tierras rurales en manos de capitales extranjeros.
En diciembre de 2023, el Gobierno de Milei derogó la ley mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, en el marco de su programa de desregulación económica. Desde entonces, la discusión sobre el alcance de las restricciones a la compra de tierras rurales quedó atravesada por disputas políticas y judiciales. Con la nueva iniciativa, el oficialismo propone volver al esquema de límites establecido en 2011, aunque lo hace dentro de un proyecto más amplio que también contempla cambios en las reglas de protección de la propiedad privada.
La restitución de la Ley de Tierras fue incorporada al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que ya había obtenido media sanción en el Senado y que incluye modificaciones sobre desalojos, expropiaciones y procedimientos vinculados con la protección de la propiedad. El debate en Diputados se da en un clima de fuerte tensión política, con la oposición intentando avanzar en el rechazo del DNU y el oficialismo buscando consolidar apoyos para sostenerlo.
Desde el sector agropecuario y organizaciones sociales se sigue con atención el tratamiento de la norma, ya que consideran que la Ley de Tierras es una herramienta clave para evitar la extranjerización de grandes extensiones rurales. En tanto, desde el oficialismo sostienen que la restitución busca dar certidumbre jurídica y equilibrar el debate parlamentario, aunque no está claro si el proyecto logrará los votos necesarios en la Cámara baja.
El futuro de la Ley de Tierras y del DNU 70/2023 se definirá en las próximas semanas, en un escenario legislativo complejo donde el oficialismo intenta recomponer alianzas y la oposición busca capitalizar el descontento con las medidas de desregulación. La sesión convocada para este miércoles será un termómetro clave para medir las fuerzas en juego.
