El juez federal Bibel advirtió sobre el aumento sostenido de amparos de salud en Necochea

El juez federal de Necochea, Bernardo Bibel, advirtió sobre el incremento sostenido de acciones de amparo vinculadas al sistema de salud que ingresan al Juzgado Federal a su cargo. En declaraciones recientes, el magistrado señaló que los reclamos judiciales relacionados con cobertura médica constituyen actualmente la mayor carga de trabajo del tribunal, e identificó como causas principales el deterioro del sistema sanitario y la crisis económica que atraviesa el país.

Bibel explicó que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción local, aunque reconoció que en Necochea se registra una tendencia sostenida al alza. “La mayor cantidad de amparos que tenemos son por salud”, afirmó, y detalló que las demandas suelen estar relacionadas con la cobertura de medicamentos de alto costo, tratamientos oncológicos, prestaciones vinculadas a la discapacidad y coberturas que las obras sociales o empresas de medicina prepaga niegan parcial o totalmente a sus afiliados.

El magistrado subrayó que, en la mayoría de los casos, los ciudadanos recurren a la Justicia como último recurso, una vez agotadas todas las instancias administrativas disponibles. “Generalmente el ciudadano llega cuando agotó todas las vías administrativas”, expresó, remarcando que detrás de cada expediente existen situaciones humanas delicadas que demandan respuestas rápidas y eficaces por parte del sistema judicial.

En ese contexto, Bibel destacó que los amparos de salud reciben un tratamiento de carácter urgente dadas las particularidades de cada caso. “Cuando hay riesgo para la salud o para la vida, la respuesta judicial tiene que ser inmediata”, sostuvo. Agregó que en numerosas oportunidades el juzgado debe resolver medidas cautelares en plazos muy breves, con el objetivo de evitar que una demora en la respuesta judicial genere consecuencias irreversibles para los pacientes involucrados.

El juez federal también analizó el impacto de la coyuntura económica sobre la litigiosidad en materia sanitaria. Según indicó, las dificultades financieras que atraviesan tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga derivan con frecuencia en restricciones de cobertura, mientras que el encarecimiento sostenido de los costos médicos complejiza aún más el escenario. “Hay prestaciones cada vez más costosas y eso genera tensiones permanentes”, analizó el magistrado.

Un apartado especial mereció la problemática de la discapacidad, que según Bibel ocupa una porción significativa de las causas que ingresan al tribunal. El juez explicó que numerosas familias deben acudir a la Justicia para obtener cobertura de acompañantes terapéuticos, transporte especializado, tratamientos específicos o prestaciones integrales para personas con discapacidad que los financiadores de salud no brindan de manera espontánea. “Son situaciones muy sensibles y la Justicia tiene que actuar con responsabilidad y celeridad”, indicó.

Respecto del funcionamiento cotidiano del juzgado, Bibel reconoció que el volumen de trabajo actual obliga a establecer criterios de priorización entre los distintos expedientes, y que las causas vinculadas a la salud encabezan ese orden de prelación. El magistrado también se refirió a la percepción ciudadana sobre los tiempos judiciales, y aclaró que, si bien los procesos contemplan etapas y garantías que deben ser respetadas, en cuestiones urgentes los jueces disponen de herramientas procesales que permiten actuar con celeridad. En ese sentido, reconoció la existencia de un alto nivel de exigencia social hacia el Poder Judicial, demanda que el titular del Juzgado Federal de Necochea consideró legítima frente a la envergadura de los derechos en juego.

Las declaraciones del juez Bibel ponen de relieve una problemática estructural que excede los límites del sistema judicial y refleja las tensiones acumuladas en el acceso a la salud en Argentina. El aumento de los amparos en Necochea opera como un indicador de las dificultades que enfrentan los ciudadanos para garantizar prestaciones básicas por las vías institucionales ordinarias, y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de financiamiento sanitario vigente a nivel nacional.