Córdoba: Juicio revela red de narcotráfico y disputa sindical que involucra al gobierno de Llaryora

Córdoba se enfrenta a un nuevo episodio de violencia y corrupción que ha puesto en relieve la compleja relación entre el poder sindical y el gobierno provincial. El juicio que se abrió tras el asesinato de Gabriela Pérez ha revelado una red que involucra a sindicalistas, grupos de barrabravas, narcotraficantes y autoridades federales.

El crimen ocurrió el 9 de septiembre de 2023 durante un almuerzo organizado por el Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) en el Club Yapeyú. Un individuo abrió fuego contra el recinto, disparando un tiro letal al cuello de la víctima. El objetivo principal, según las declaraciones de los testigos, era el secretario general del gremio, Sergio Fittipaldi.

Detrás del hecho se encuentra una disputa territorial por el control de una estructura sindical de 20.000 afiliados que presta servicios en hospitales, escuelas y dependencias públicas. El conflicto enfrenta a dos sectores clave del esquema provincial: Sergio Fittipaldi, líder de las 62 Organizaciones Peronistas de Córdoba y exlegislador de Hacemos Unidos por Córdoba, con una clara alineación con el gobernador Martín Llaryora; y Franco Saillén, referente del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Limpieza de Córdoba (Surrbac) y exlegislador provincial vinculado históricamente al kirchnerismo.

Durante las audiencias, Sergio Fittipaldi declaró durante varias horas que el ataque armado estaba dirigido en su contra y acusó directamente a Franco Saillén y a la cúpula del Surrbac de intentar cooptar el Soelsac para desplegar un esquema delictivo mayor. “Querían quedarse con el sindicato para aprovechar su presencia territorial y multiplicar los puestos de distribución de drogas”, afirmó ante los jueces. En respuesta, la Fiscalía Federal citó al titular del Soelsac a ratificar y ampliar sus denuncias de manera formal.

Franco Saillén rechazó enfáticamente los señalamientos, asegurando que carecen de pruebas objetivas. En una contraofensiva, recordó que un hermano del propio Sergio Fittipaldi fue detenido en 2025 en el marco de una causa por narcomenudeo, y solicitó que no se utilice el homicidio de Gabriela Pérez para instrumentar ataques políticos. El avance del proceso judicial vuelve a colocar al gobierno de Martín Llaryora ante un escenario complejo en el entramado gremial y político local, tras un periodo marcado por desprendimientos y causas judiciales que han rozado a diversos dirigentes del oficialismo provincial.

El caso ha generado una amplia cobertura mediática y ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro de los sindicatos y de las instituciones gubernamentales. Las autoridades federales y provinciales han anunciado la creación de un comité de seguimiento para garantizar que el proceso judicial se desarrolle con la máxima imparcialidad y sin interferencias externas.

En conclusión, el juicio que se abrió tras el asesinato de Gabriela Pérez ha expuesto una red compleja que involucra a sindicalistas, narcotraficantes y autoridades federales, y que pone en evidencia la fragilidad de las instituciones sindicales y gubernamentales en Córdoba. La resolución de este caso será un punto de referencia para la lucha contra la corrupción y la violencia política en la provincia.