Concejo Deliberante aprueba emergencia económica y operativa del transporte público por 150 días
Necochea y Quequén contarán con un marco excepcional para el transporte público tras la aprobación, por mayoría, de la declaración de emergencia económica y operativa por parte del Concejo Deliberante este miércoles. La medida se produce luego de que el Departamento Ejecutivo firmara una prórroga de 150 días con la Compañía de Transportes Necochea, garantizando […]
Necochea y Quequén contarán con un marco excepcional para el transporte público tras la aprobación, por mayoría, de la declaración de emergencia económica y operativa por parte del Concejo Deliberante este miércoles.
La medida se produce luego de que el Departamento Ejecutivo firmara una prórroga de 150 días con la Compañía de Transportes Necochea, garantizando la continuidad del servicio mientras se avanza en una nueva licitación.
El proyecto contó con el respaldo de los bloques La Libertad Avanza, Fuerza Patria, la UCR y Avanza Necochea. Por su parte, los bloques Nueva Necochea y la Agrupación Comunal Transformadora (ACT), así como los concejales Evangelina Almada y Julián Kristiansen de Fuerza Patria-MDF, se abstuvieron de apoyar la iniciativa.
La ordenanza declara una emergencia por hasta 150 días, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio de microómnibus y preservar los puestos de trabajo de los empleados del sector. El fundamento principal radica en el fracaso de los dos procesos licitatorios anteriores, que no lograron adjudicar una nueva concesión.
Durante la misma jornada, antes de la votación, el Ejecutivo municipal confirmó la prórroga con la empresa concesionaria, estableciendo que la extensión será válida por 150 días corridos desde el vencimiento de la prórroga anterior, o hasta que un nuevo concesionario asuma el servicio, lo que ocurra primero.
La emergencia otorga al intendente facultades excepcionales para intervenir en parámetros operativos como recorridos, frecuencias y horarios, y también le permite regular la tarifa. Sin embargo, la normativa deja claro que la declaración no autoriza al Ejecutivo a adjudicar directamente el servicio.
El texto obliga al intendente a presentar un nuevo pliego de condiciones al Concejo dentro de los 60 días posteriores a su promulgación, con el fin de iniciar una nueva licitación que permita seleccionar al futuro concesionario.
En conclusión, la declaración de emergencia constituye una herramienta temporal que busca estabilizar el transporte público mientras se prepara una licitación definitiva, garantizando tanto la movilidad de los usuarios como la protección del empleo en el sector.