CONADUV intimó a Katopodis para frenar el peaje en la Ruta Provincial N° 6

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) intimó formalmente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Gabriel Katopodis, a suspender de manera inmediata el cobro de peaje en la Ruta Provincial N° 6. La presentación administrativa fue radicada por Jorge Zatloukal, Director Ejecutivo de la entidad, con el patrocinio letrado de la Dra. Julieta Ripoli, responsable legal de la organización.

El reclamo se apoya en la existencia de un fallo judicial vigente, la falta de aval legislativo y lo que la entidad denomina una «triple imposición tributaria» en un contexto de crisis económica. La intimación exige la abstención inmediata del cobro, la suspensión de los efectos de las Resoluciones 475 y 767, y la revisión del mecanismo de actualización trimestral automática junto con la recomposición adicional del 23,81 % aplicada en las estaciones de peaje de San Vicente, Las Heras y Cardales.

Uno de los ejes centrales del planteo radica en la vulneración del artículo 42 de la Constitución Nacional por la ausencia de un Ente Regulador autónomo. Desde el CONADUV sostienen que la administración provincial se encuentra de «ambos lados del mostrador»: actúa como concedente, fija las tarifas y debe fiscalizar el servicio, al mismo tiempo que controla a la empresa estatizada Autopistas de Buenos Aires S. A. (AUBASA), beneficiaria directa de las recaudaciones y los incrementos.

Al respecto, Zatloukal recordó un antecedente decisivo impulsado por el exjuez Luis Arias en 2017: «Está vigente el fallo que ordenó a la empresa AUBASA abstenerse de cobrar tarifa alguna por peaje a los usuarios de la autovía Ruta Provincial N° 6 sin expresa habilitación legislativa y audiencia pública previa», sostuvo. Por su parte, la abogada Ripoli remarcó las inconsistencias en el control ético y financiero del cuadro tarifario: «¿Quién controla el aumento cuando quien lo autoriza también controla a quien lo cobra? La impugnación exige una evaluación independiente de las propuestas de AUBASA y mayores garantías de transparencia, ética pública y rendición de cuentas. El interés financiero de la empresa no puede confundirse con el interés público ni desplazar la protección del usuario».

El planteo advierte además que las fórmulas automáticas de ajuste no garantizan la razonabilidad económica ni la accesibilidad del servicio. En este sentido, la entidad exigió transparentar la relación entre los incrementos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la evolución del salario mínimo y la canasta básica, garantizando que el peaje no se utilice para financiar erogaciones ya cubiertas por partidas presupuestarias del Estado.

La presentación fue radicada a pocos días de haberse puesto en marcha el cobro en dicho corredor, lo que añade urgencia al reclamo. Desde el CONADUV insisten en que la medida cautelar de 2017 continúa vigente y que su incumplimiento configura una irregularidad administrativa. La intimación busca no solo frenar el cobro actual, sino también sentar precedentes sobre la necesidad de un control independiente en la fijación de tarifas.

El conflicto escala en un momento de fuerte presión sobre los costos de transporte y servicios públicos. La Ruta Provincial N° 6 es un corredor clave para el tránsito regional, y la aplicación de peajes sin habilitación legislativa ni audiencia pública previa genera rechazo entre usuarios y entidades de defensa del consumidor. La respuesta del Ministerio de Infraestructura bonaerense será determinante para la continuidad del cobro.

En síntesis, la intimación del CONADUV contra el Ministerio de Katopodis pone en el centro del debate la legalidad del peaje en la Ruta Provincial N° 6, la falta de un ente regulador autónomo y la transparencia en la fijación de tarifas. El reclamo administrativo exige una revisión integral del mecanismo y advierte sobre los riesgos de que el interés financiero de AUBASA prevalezca sobre la protección del usuario.