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Bianco alertó por el aumento de la usura y casos de violencia vinculados al cobro de deudas informales

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió este lunes sobre un fuerte incremento del endeudamiento informal en el país durante la actual gestión nacional, y alertó por el surgimiento de situaciones de violencia asociadas al cobro de préstamos usurarios. Las declaraciones tuvieron lugar en el marco de la habitual conferencia de prensa semanal que […]

18 de mayo de 2026, 14:32 hs Por Redaccion 2262
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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió este lunes sobre un fuerte incremento del endeudamiento informal en el país durante la actual gestión nacional, y alertó por el surgimiento de situaciones de violencia asociadas al cobro de préstamos usurarios. Las declaraciones tuvieron lugar en el marco de la habitual conferencia de prensa semanal que el funcionario provincial ofrece los días lunes.

Según los datos presentados por Bianco, los créditos clasificados como “irrecuperables” se cuadruplicaron en el transcurso de un año y alcanzaron, en marzo de 2026, el 10,8% del total de la cartera crediticia. En paralelo, la irregularidad total en las carteras no bancarias trepó hasta el 27,5%, lo que implica que más de uno de cada cuatro pesos prestados presenta dificultades de cobro. El funcionario atribuyó este deterioro al contexto de crisis económica que atraviesan los hogares argentinos.

El ministro subrayó que el 92% del crédito no bancario es contraído por familias, y describió una cadena de endeudamiento que parte del sistema financiero formal y desemboca en circuitos informales. De acuerdo con su exposición, muchos hogares comienzan endeudándose con tarjetas de crédito, y ante la imposibilidad de cumplir con esos compromisos, recurren al sistema no bancario. Cuando tampoco pueden sostener esas obligaciones, terminan acudiendo a prestamistas informales que operan con tasas usurarias.

Bianco señaló además que detrás de esos préstamos informales se identifican actores vinculados a actividades delictivas. “Son personas que están vinculadas a delitos y que a partir de esos delitos pueden asistir financieramente con tasas usurarias”, afirmó el ministro, dando cuenta de la superposición entre el mercado crediticio informal y economías ilegales.

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En otro tramo de su exposición, el funcionario provincial informó que el Gobierno bonaerense detectó un incremento de episodios violentos directamente relacionados con el cobro de deudas en el circuito informal. “Estamos teniendo muchas situaciones de violencia por el cobro”, indicó Bianco, quien describió casos de familias que se vieron obligadas a abandonar sus viviendas e incluso a trasladarse a otras provincias para escapar de las presiones ejercidas por prestamistas ilegales.

Las declaraciones del ministro se inscriben en un escenario de debate político más amplio sobre el impacto social del ajuste fiscal implementado por la administración nacional. Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se sostiene que las medidas económicas adoptadas a nivel nacional profundizaron el deterioro de las condiciones de vida de los sectores de menores ingresos, empujando a numerosas familias hacia modalidades de financiamiento de alto riesgo.

El fenómeno descripto por Bianco no resulta ajeno a municipios del interior bonaerense como Necochea y Quequén, donde el acceso al crédito formal enfrenta barreras estructurales y el peso de las deudas de consumo impacta de manera directa en la economía doméstica de miles de hogares. La combinación de tasas elevadas en el sistema regulado y la proliferación de préstamos informales configura un cuadro de vulnerabilidad financiera que los organismos provinciales buscan dimensionar y atender.

El Gobierno bonaerense no precisó en esta instancia qué medidas concretas adoptará para hacer frente a la problemática, aunque la difusión de los datos y la descripción de los casos de violencia sugieren que la provincia procura instalar el tema en la agenda pública nacional. La situación del endeudamiento informal, con sus derivaciones en materia de seguridad y derechos de las familias, se perfila como uno de los ejes de la discusión política y social en los próximos meses.

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