Amenazas en escuelas: el doble discurso de Benítez Mendiburu quedó expuesto en una reunión clave
La reunión convocada en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 31 por las amenazas en escuelas de la región dejó al descubierto algo más profundo que la preocupación por los hechos: una fuerte contradicción en el discurso del jefe regional de Educación de Gestión Estatal, Emanuel Benítez Mendiburu.
El funcionario había asumido el pasado 11 de marzo con un mensaje claro: articulación, trabajo conjunto y anticipación del conflicto. Sin embargo, apenas cuarenta días después, la realidad lo enfrentó con una crisis que no fue anticipada y cuya respuesta dejó más dudas que certezas.
El encuentro reunió a todos los actores institucionales: Consejo Escolar, Municipio, gremios, justicia penal juvenil y Policía Bonaerense. Puertas afuera, el mensaje fue el esperado: consenso, diálogo, acompañamiento y la clásica idea de que “la escuela sola no puede”.
Pero, según reconstruyen fuentes presentes, puertas adentro el tono fue otro. Allí, Benítez Mendiburu habría apuntado contra el Municipio por falta de intervención, cuestionado a organizaciones sociales y reprochado a distintos sectores no estar a la altura de la situación.
El problema no es solo el contenido, sino la contradicción. Porque mientras públicamente se promueve la articulación, en privado se distribuyen responsabilidades hacia actores que no tienen ni la obligación ni las herramientas para resolver una problemática de esta magnitud.
Las leyes que rigen el sistema educativo —la Ley Nacional 26.206 y la Ley Provincial 13.688— son claras: el Estado debe garantizar el funcionamiento del sistema y articular con la comunidad. No trasladar la responsabilidad. No delegar lo indelegable.
Pretender que cooperadoras, clubes o instituciones intermedias asuman un rol central en la detección y gestión de amenazas digitales en escuelas no solo es impropio: es desconocer el marco legal, la formación técnica requerida y la responsabilidad primaria del Estado.
Benítez Mendiburu lleva poco tiempo en el cargo, y nadie le exige resolver en semanas problemas estructurales que vienen de larga data. Pero sí se le exige coherencia.
Porque en un contexto tan sensible como amenazas en escuelas, donde están en juego la seguridad y la tranquilidad de estudiantes, docentes y familias, el rol de un funcionario —y más aún de un docente en un cargo jerárquico— no es repartir culpas, sino asumir responsabilidades, ordenar la respuesta institucional y dar certezas.
La gestión cercana que prometía anticipar conflictos terminó, al menos en este episodio, reaccionando tarde y señalando hacia afuera.