Adorni no podrá salir del país por orden judicial en una causa por su patrimonio
La Justicia argentina ha tomado medidas para evitar que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, salga del país mientras se investiga su patrimonio en una causa por enriquecimiento ilícito. El juez federal Ariel Lijo ordenó que Adorni requiera una autorización expresa para realizar un viaje al exterior del territorio nacional, debido a un creciente riesgo […]
La Justicia argentina ha tomado medidas para evitar que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, salga del país mientras se investiga su patrimonio en una causa por enriquecimiento ilícito. El juez federal Ariel Lijo ordenó que Adorni requiera una autorización expresa para realizar un viaje al exterior del territorio nacional, debido a un creciente riesgo de fuga a Uruguay.
Según fuentes de la causa, esta restricción representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py, el cual resulta inminente y podría concretarse de manera formal en los próximos días. La investigación judicial se centra en diversos gastos corrientes efectuados por Adorni mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias.
La causa evalúa además los constantes viajes dentro y fuera de la Argentina, la compra de propiedades, las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, como así también las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas.
El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en dicho barrio privado y aseguró ante las autoridades judiciales haber percibido la suma de 245 mil dólares en negro.
Apenas dos días después de la oficialización de su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, la prensa difundió una serie de mensajes de audio donde el exfuncionario le ofreció asistencia a su contratista antes de que este prestara testimonio ante la fiscalía de Pollicita.
El material sonoro, que confirmó que el exjefe de Gabinete buscó coordinar un encuentro previo a la audiencia judicial del constructor, reveló que Adorni intentó transmitirle calma a su empleado ante la citación del pasado 4 de mayo expresándole de manera directa: ‘Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero, pero contás con todo, todo, todo lo que, lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos’.
La medida judicial busca evitar que Adorni se fugue del país mientras se investiga su patrimonio en una causa por enriquecimiento ilícito.
La investigación judicial se centra en diversos gastos corrientes efectuados por Adorni mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias.
La causa evalúa además los constantes viajes dentro y fuera de la Argentina, la compra de propiedades, las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, como así también las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas.
El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en dicho barrio privado y aseguró ante las autoridades judiciales haber percibido la suma de 245 mil dólares en negro.
La investigación judicial busca determinar si Adorni cometió el delito de enriquecimiento ilícito durante su tiempo en la función pública.