Suspensión temporal de 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó la suspensión preventiva del nuevo Régimen Penal Juvenil durante 60 días, con el objetivo de evaluar la capacidad institucional para aplicar las disposiciones recién vigentes.

La medida fue dictada por la magistrada Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a raíz de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que actúa en representación de adolescentes privados de su libertad.

El fallo se emitió apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, normativa que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Con esta reforma, los menores de entre 14 y 16 años pueden ser sujetos a procesos judiciales por determinados delitos contemplados en el Código Penal.

La magistrada Pascual centró su razonamiento en la capacidad real de la Provincia para afrontar el nuevo esquema, advirtiendo que la ampliación del rango etario podría incrementar significativamente la cantidad de jóvenes detenidos y prolongar el tiempo de privación de la libertad. En sus palabras, el Estado bonaerense “no cuenta con la infraestructura y los recursos materiales necesarios para sumar a más jóvenes al sistema penal provincial”.

El pronunciamiento subraya la preocupación por la falta de condiciones edilicias, institucionales y profesionales para atender a un mayor número de menores. La jueza sostuvo que el Poder Judicial tiene la obligación de actuar de forma anticipada cuando existan indicios de una posible vulneración de derechos fundamentales, invocando el principio precautorio como fundamento de la suspensión.

Esta decisión genera un espacio de reflexión para el Poder Ejecutivo y los organismos de seguridad, que deberán presentar un plan de fortalecimiento estructural y de recursos humanos antes de que la suspensión concluya. La expectativa es que, durante el período de 60 días, se realice un diagnóstico exhaustivo que incluya la disponibilidad de centros de internación, personal especializado y programas de reintegración social.

En conclusión, la suspensión preventiva del nuevo Régimen Penal Juvenil busca garantizar que la aplicación de la Ley 27.801 no comprometa los derechos de los adolescentes ni la operatividad del sistema judicial provincial. La medida permanecerá vigente hasta que se demuestre la capacidad institucional para absorber el nuevo flujo de menores bajo proceso penal, garantizando así el respeto a los principios constitucionales y a los estándares internacionales de protección de la infancia.