Investigación sobre la privatización de empresas públicas bajo Milei: falta de transparencia

La reciente investigación sobre el proceso de privatización de empresas públicas impulsado por la administración de Javier Milei ha generado un debate institucional de gran alcance en el país. El análisis se centra en la ausencia de información oficial y en la sospecha de que el Poder Ejecutivo podría estar subvaluando activos estatales para venderlos a precios de remate.

El punto de partida de la controversia fue el incumplimiento del plazo de 15 días hábiles fijado el 12 de agosto por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. La comisión solicitó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher, un informe urgente sobre la marcha y las tasaciones de compañías clave como Ferrocarriles de Carga y Pasajeros, Corredores Viales, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Enarsa, Intercargo, Núcleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. La falta de respuesta alimentó sospechas de distintos bloques parlamentarios.

El pedido de informes, impulsado por la bancada de Unión por la Patria (UP) y respaldado por la totalidad de los miembros de la comisión, apunta a determinar cómo y bajo qué parámetros se calcularon los valores de las compañías públicas. Se cuestiona la maniobra administrativa que implicó el desplazamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) y el rol del BICE en la valoración de los activos.

Al inicio del proceso privatizador, el Gobierno decidió apartar al TTN, un organismo técnico con casi cien profesionales, para encomendar la tasación al BICE. En mayo de 2025, el banco creó la Gerencia de Valuación de Empresas durante una reunión de directorio con funcionarios del equipo económico, como Martín Vauthier y Felipe Núñez, junto a Nicolás Scioli. Para julio de ese año, la nueva gerencia contaba con un único empleado, su titular, y solo tres analistas más se sumaron entre agosto y diciembre.

Este esquema mínimo de cuatro personas fue el encargado de fijar el valor de mercado de infraestructuras críticas, incluyendo las represas hidroeléctricas del Comahue, Aysa, Belgrano Cargas, Intercargo y las participaciones de Enarsa. El 4 de diciembre de 2025, el directorio del BICE reformó su política de valuación y eliminó la exigencia de someter las tasaciones a un control de calidad externo, lo que aumentó la percepción de opacidad.

El titular del TTN, Julio Villamonte, había rechazado realizar las tasaciones argumentando que el tribunal solo evalúa bienes tangibles y carece de atribuciones para proyectar flujos de ganancias futuras. Su postura contó con el aval del Ministerio, lo que reforzó la crítica sobre la falta de supervisión independiente en el proceso.

En conclusión, la investigación pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y de mecanismos de control más rigurosos en la privatización de activos estatales. La ausencia de información oficial y la posible subvaluación de activos generan dudas sobre la integridad del proceso y la protección de los intereses públicos. El debate institucional seguirá evolucionando a medida que se revelen más detalles y se evalúen las implicaciones legales y económicas de las decisiones tomadas durante la administración de Javier Milei.