Crisis en el transporte urbano: asambleas de choferes por sueldos impagos y reclamo de aumento de tarifa
El servicio de transporte urbano de pasajeros en Necochea atraviesa una crisis que combina la falta de pago de salarios con la demora en el envío de subsidios nacionales, lo que derivó en asambleas de dos horas por turno por parte de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor. A ello se suma un […]
El servicio de transporte urbano de pasajeros en Necochea atraviesa una crisis que combina la falta de pago de salarios con la demora en el envío de subsidios nacionales, lo que derivó en asambleas de dos horas por turno por parte de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor. A ello se suma un pedido formal de aumento de tarifa ante el Concejo Deliberante, en un escenario que según los empresarios del sector afecta a localidades de todo el país.
Las empresas Compañía de Transportes Necochea y Micro Ómnibus Nueva Pompeya reconocieron que aún no pudieron completar el pago de los haberes correspondientes al mes de abril. La medida de fuerza ya había generado afectaciones el martes pasado, cuando el servicio de ambas compañías se vio interrumpido entre las 14 y las 16 horas.
Carlos Manzanos, integrante de la empresa conocida popularmente como “los micros azules”, explicó en declaraciones a Radio Noticias Necochea 97.3 que el conflicto tiene su origen en la imposibilidad de cancelar la totalidad de los sueldos del mes pasado. “Al día de hoy todavía no se canceló la totalidad del salario, entonces los trabajadores, a través del gremio, decidieron llevar adelante esta medida de asamblea hasta tanto se termine de cancelar el sueldo de abril”, precisó el empresario.
Según detalló Manzanos, la raíz del problema se encuentra en la falta de transferencia de fondos nacionales vinculados al denominado “atributo social”, una compensación que el Estado nacional debe enviar a las empresas para cubrir los descuentos aplicados a boletos sociales. “Nos están adeudando tres meses: febrero, marzo y abril. Estamos hablando del 55% del boleto que se debe compensar y al día de hoy la empresa no recibió nada”, afirmó. El representante empresarial aclaró que esos fondos dependen exclusivamente del Gobierno nacional y que las empresas locales no tienen capacidad de gestionar directamente esos pagos, aunque manifestó cierto optimismo al señalar que la situación “tendría que resolverse dentro de esta semana”.
Frente a este contexto, la Unión Tranviarios Automotor resolvió sostener asambleas de dos horas por turno como medida de presión, evitando una paralización total del servicio. Manzanos destacó la predisposición del personal: “Los trabajadores entienden la situación y toman esta medida para no afectar el servicio al cien por ciento”. El empresario subrayó además que la problemática no es exclusiva de Necochea, sino que se replica en distintas ciudades del país, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires.
En forma paralela al conflicto salarial, las empresas presentaron ante el Concejo Deliberante una solicitud de actualización urgente de la tarifa del boleto plano, actualmente fijada en 1.342 pesos. Según explicó Manzanos, el esquema de actualización automática quedó desfasado a raíz de los recientes incrementos en el precio del combustible. “La realidad es que el aumento del combustible alteró completamente las cuentas de la polinómica y hoy tenemos un desfase muy grande”, sostuvo.
El estudio de costos elaborado por las propias empresas ubica el valor técnico del boleto por encima de los 2.000 pesos. A modo de referencia, Manzanos mencionó que en Mar del Plata el boleto urbano pasó recientemente a costar 1.922 pesos, señalando que históricamente Necochea había mantenido una tarifa superior a la de esa ciudad. La comparación apunta a evidenciar el desfase acumulado en la estructura tarifaria local respecto de los costos operativos reales.
La situación pone en evidencia la fragilidad del esquema de financiamiento del transporte público en ciudades del interior, altamente dependiente de transferencias nacionales que, ante cualquier demora, comprometen tanto el pago de salarios como la continuidad del servicio. La resolución del conflicto depende, en buena medida, de la normalización de los envíos de fondos por parte del Gobierno nacional y de la respuesta que el Concejo Deliberante brinde al pedido de revisión tarifaria presentado por las empresas operadoras.
