CARBIO respaldó el proyecto de biocombustibles impulsado por Bullrich y La Libertad Avanza

La Cámara Argentina de Biocombustible (CARBIO), entidad que representa aproximadamente el 70% de la capacidad instalada de la industria nacional de biodiesel, expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por la senadora Patricia Bullrich junto al bloque de La Libertad Avanza. La iniciativa busca reemplazar el marco normativo vigente, al que el sector considera desactualizado e ineficiente, por un esquema competitivo con reglas claras para todos los actores de la cadena productiva.

En su pronunciamiento, la cámara valoró la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar una propuesta que, a su entender, resulta claramente superadora a la legislación actual. El respaldo fue enmarcado en el contexto de una compleja crisis energética global, ante la cual la entidad considera urgente modernizar las condiciones bajo las cuales opera la industria del biocombustible en el país.

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento de CARBIO apunta al esquema de la ley vigente, que establece cupos por empresa y fija un precio regulado construido en base a los costos de la planta menos eficiente del sistema. Según la cámara, este mecanismo genera un precio al consumidor final significativamente elevado, lo que impacta de manera negativa en la competitividad de la economía nacional.

La entidad describió la situación actual como una “paradoja”: mientras las plantas más eficientes del país permanecen inactivas por haber sido excluidas del mercado doméstico por la propia normativa vigente, los consumidores argentinos se ven obligados a adquirir biodiesel hasta un 20% más caro que la paridad de exportación. Este sobreprecio beneficia, según CARBIO, a un grupo acotado de empresas que, en algunos casos con varias plantas por grupo económico, gozan de condiciones preferenciales desde hace dos décadas.

Frente a ese escenario, la cámara sostuvo que la aprobación del nuevo proyecto permitiría instaurar un esquema de competencia que premie la inversión y la eficiencia productiva, con condiciones equitativas para todos los participantes del sector. En ese sentido, evaluaron que el país cuenta con una significativa oportunidad de crecimiento en el rubro, tanto en términos industriales como exportadores.

Entre los aspectos que CARBIO señaló como prioritarios para el debate parlamentario, se destacó la posibilidad de elevar el corte obligatorio de biodiesel al 15%, igualándolo con el nivel que rige en Brasil y con el porcentaje que el mismo proyecto propone para el bioetanol. La entidad consideró que este ajuste representaría un paso concreto hacia una mayor participación de los biocombustibles en la matriz energética del país.

El proyecto deberá recorrer el proceso legislativo habitual antes de convertirse en ley. La posición de CARBIO, como actor representativo de la mayor parte de la industria de biodiesel, aportará un respaldo sectorial de peso al debate que se avecina en el Congreso Nacional, donde la iniciativa deberá obtener el aval de las distintas fuerzas políticas para avanzar hacia su sanción definitiva.

La discusión en torno a la política de biocombustibles se da en un momento en que la agenda energética ocupa un lugar central tanto a nivel nacional como internacional, y en el que la eficiencia productiva y la desregulación de mercados constituyen ejes fundamentales del programa económico del gobierno actual. La postura de la industria refuerza el impulso legislativo y allana el camino para un debate técnico y político de considerable relevancia para el sector.