San Cayetano demandará al Estado nacional por una deuda de 160 millones de pesos en obras de cloacas

La Municipalidad de San Cayetano formalizó la decisión de iniciar una demanda judicial contra el Estado nacional por el incumplimiento en el pago de una obra pública de infraestructura cloacal, ejecutada en el marco de un convenio suscripto con el Gobierno nacional durante la gestión anterior. La deuda original, que ascendía a 36 millones de pesos, supera hoy los 160 millones como consecuencia de la actualización inflacionaria, lo que llevó a la administración municipal a agotar las instancias administrativas y a recurrir a la vía judicial como único camino disponible.

La confirmación fue realizada por la secretaria de Gobierno y Hacienda del municipio, Melisa Eriksen, quien brindó precisiones al respecto en diálogo con el programa Voces de la Tarde, emitido por Radio Noticias Necochea. La funcionaria explicó que el mecanismo original preveía que el municipio ejecutara la obra, abonara a la empresa adjudicataria con recursos propios y remitiera luego la documentación correspondiente a la Nación para recuperar los fondos comprometidos en el convenio. Ese circuito, sin embargo, se interrumpió con el último certificado, emitido en septiembre de 2024, que nunca fue cancelado por el Gobierno nacional.

“El último certificado fue en septiembre de 2024. A partir de ahí se comenzaron a hacer todos los intentos para cobrarlo, pero llega un momento en el que no queda otra alternativa que la vía judicial”, señaló Eriksen. La secretaria subrayó que la decisión de judicializar el reclamo no fue apresurada ni respondió a consideraciones políticas, sino que se adoptó luego de numerosas gestiones administrativas y conversaciones a nivel político, encabezadas por el propio intendente Gargaglione con autoridades nacionales.

De acuerdo con lo informado por la funcionaria, hace apenas una semana el jefe comunal volvió a plantear la situación ante representantes del Gobierno nacional y obtuvo una respuesta que el municipio interpretó como un aval a la decisión adoptada. “Le dijeron que era lo correcto”, precisó Eriksen en referencia a la resolución de avanzar por la vía judicial. Desde la administración local se remarcó que la presentación no implica una postura de confrontación con el gobierno del presidente Javier Milei, sino el cumplimiento de una responsabilidad institucional ineludible.

“No es una cuestión de estar en contra del Gobierno nacional. Es una obligación reclamar lo que corresponde a todos los sancayetanenses”, enfatizó la secretaria. En ese sentido, también destacó que tanto el intendente como el equipo de gestión tienen el deber de ejercer todos los recursos disponibles para recuperar los fondos que el municipio ya desembolsó con recursos propios para garantizar la ejecución de la obra.

La decisión implicó además la contratación de abogados externos especializados en litigios contra el Estado nacional. Eriksen explicó que la naturaleza del proceso exige contar con profesionales matriculados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio legal en Capital Federal y experiencia específica en este tipo de causas. “Siempre digo que una buena defensa no asegura resultados, pero es fundamental”, sostuvo la funcionaria al justificar la incorporación de esos profesionales al proceso.

El reclamo se produce en un contexto económico adverso para los municipios de la provincia de Buenos Aires, caracterizado por la retracción de la actividad, restricciones presupuestarias y una marcada reducción de la inversión en obra pública a nivel nacional. En ese escenario, la recuperación de los 160 millones de pesos reclamados representa para San Cayetano un alivio significativo para las finanzas locales, que ya absorbieron el costo íntegro de una obra destinada a la comunidad.

La Municipalidad de San Cayetano aguarda ahora el inicio formal del proceso judicial, con la expectativa de que la intervención de la Justicia permita hacer efectivo un pago que el municipio considera una deuda legítima del Estado nacional con el distrito y, en última instancia, con los vecinos que se beneficiaron de la obra ejecutada.