La morosidad de las familias argentinas llegó al 11,2% en febrero y superó los registros de la pandemia

La morosidad de las familias argentinas en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias alcanzó el 11,2% en febrero de 2025, según datos del sistema financiero nacional, acumulando 16 meses consecutivos de incremento y ubicándose en niveles no vistos desde 2004. El indicador superó los registros registrados durante la pandemia de COVID-19, lo que posiciona a la situación financiera de los hogares del país en uno de sus momentos más críticos de las últimas dos décadas.

El deterioro responde a un conjunto de factores estructurales que afectaron de manera sostenida la capacidad de pago de las familias a lo largo del último año y medio. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales, la contracción del empleo formal privado y el cierre de pequeñas y medianas empresas configuraron un escenario adverso que impactó de forma transversal sobre los distintos segmentos de la población. El fenómeno se extendió a prácticamente la totalidad de las entidades bancarias y plataformas de crédito que operan en el territorio nacional.

En ese contexto, el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) registró su décimo mes consecutivo en alza, llegando a los 5,1 puntos. Esta cifra ubica a los hogares argentinos dentro del rango técnico denominado “Fragilidad Familiar”, una categoría que refleja el desacople existente entre la evolución de los indicadores macroeconómicos y la situación concreta que atraviesa la economía doméstica de las familias en su vida cotidiana.

Los analistas sectoriales advirtieron que el avance de las carteras irregulares se concentra principalmente en los segmentos de financiamiento al consumo corriente y en créditos de montos reducidos. Este dato resulta significativo porque indica que una porción creciente de la ciudadanía recurre a líneas de crédito para cubrir necesidades básicas, lo cual profundiza la exposición financiera de los sectores más vulnerables ante cualquier variación en sus ingresos.

Desde el ámbito legislativo, referentes de la oposición expresaron su preocupación por la velocidad y la profundidad del proceso de endeudamiento. Según los datos disponibles, la morosidad cuadruplicó sus valores respecto de los niveles mínimos reportados a finales de 2024, una evolución que los propios especialistas calificaron como inusualmente acelerada para el período.

El diputado nacional de Primero La Patria, Nicolás Trotta, se refirió al fenómeno en declaraciones públicas: “La morosidad récord muestra que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos y cumplir con sus compromisos. Detrás de este dato hay hogares que hacen cuentas todos los días, que recortan gastos y que viven con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes”. La declaración refleja la preocupación que el indicador genera en sectores de la representación legislativa que monitorean el impacto social de las políticas económicas en curso.

Desde una perspectiva técnica, la evolución de la morosidad durante 16 meses consecutivos sin reversión sugiere que el fenómeno no responde a factores coyunturales aislados, sino a una tendencia sostenida que requiere seguimiento. El hecho de que el indicador haya superado los niveles de la pandemia —un período de crisis sanitaria y económica excepcional— agrega relevancia al análisis y plantea interrogantes sobre la capacidad de recuperación financiera de los hogares en el corto plazo.

La situación descripta por los datos del sistema financiero pone de relieve la importancia de monitorear de cerca la evolución del crédito al consumo y las carteras irregulares en los próximos meses. Para las familias argentinas, y también para las de la región de Necochea y Quequén, los indicadores de morosidad y vulnerabilidad económica constituyen señales que interpelan tanto a los organismos públicos como a las entidades privadas en torno a la necesidad de acompañar a los sectores con mayor dificultad para sostener sus compromisos financieros.