Zona Fría en riesgo: advierten que la reforma nacional podría excluir a miles de usuarios de Necochea

La posible modificación del régimen de Zona Fría por parte del Gobierno nacional encendió las alarmas en Necochea. La dirigente local Jensen advirtió, en una entrevista radial, que el proyecto que podría tratarse el 20 de mayo en la Cámara de Diputados dejaría fuera del beneficio a numerosos usuarios residenciales que hoy acceden a descuentos del 30% y del 50% en sus facturas de gas, poniendo en riesgo un derecho que costó años de movilización colectiva.

En declaraciones brindadas al programa “Voces de la Tarde” de Radio Noticias 97.3, Jensen explicó que el oficialismo ya obtuvo dictamen de mayoría en comisión y que la iniciativa avanza con posibilidades concretas de ser debatida en el recinto. La propuesta del Ejecutivo nacional apunta a limitar el acceso al beneficio de Zona Fría exclusivamente a quienes integren el esquema nacional de subsidios energéticos, una restricción que, según la dirigente, excluiría a una franja significativa de la población que actualmente recibe el descuento.

El régimen de Zona Fría fue ampliado por ley en 2021 como resultado de una prolongada demanda impulsada por organizaciones sociales y multisectoriales de distintas regiones del país con climas rigurosos. Jensen subrayó que ese reconocimiento fue el producto de “una lucha colectiva enorme” y que cualquier retroceso sobre ese marco legal implicaría desandar conquistas que tardaron años en concretarse.

La dirigente señaló que los criterios de segmentación previstos en la reforma presentan inconsistencias que afectan a sectores vulnerables. Puso como ejemplo la situación de jubilados que perciben la mínima y que quedarían excluidos del beneficio por ser titulares de un automóvil de modelo relativamente reciente o de una segunda propiedad que no les genera ningún ingreso. “Hay jubilados con la mínima que quedan afuera porque tienen un auto modelo 2017 o una segunda propiedad aunque no les genere ingresos”, señaló, cuestionando la lógica con la que se determina la capacidad económica de los beneficiarios.

En ese contexto, Jensen remarcó las particularidades climáticas de ciudades costeras como Necochea, donde el frío se extiende durante gran parte del año. “Usamos calefacción desde abril hasta noviembre”, sostuvo, y precisó que la pérdida del beneficio se traduciría en incrementos concretos tanto en el cargo fijo como en el valor del metro cúbico de gas, con un impacto directo sobre la economía doméstica de miles de familias. La referente también señaló que desde mayo se registró un nuevo aumento de aproximadamente el 10% en el precio del gas, en una cadena de subas sostenidas que, a su entender, ya trasladó el costo pleno del servicio al usuario final.

La entrevista incluyó también una referencia a la situación de los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural y dependen de garrafas para calefaccionarse. Jensen alertó que en ese segmento los subsidios fueron eliminados y el precio quedó liberado, profundizando la inequidad en el acceso a la energía durante los meses fríos. Desde su perspectiva, el acceso a los servicios públicos no es una variable de ajuste sino un derecho básico vinculado directamente a la salud y al bienestar de la población. “No podés estar sin calefacción en invierno. La gente se enferma y termina recurriendo al hospital público”, afirmó.

Ante este escenario, la dirigente confirmó que distintos sectores de Necochea ya comenzaron a articular acciones para impulsar pronunciamientos institucionales en defensa del régimen vigente y reclamó mayor visibilidad pública para el debate. La discusión en Diputados, prevista para el 20 de mayo, se presenta como una instancia decisiva para definir si miles de hogares de la región mantendrán o perderán un beneficio que incide de manera directa en sus facturas durante los meses de mayor consumo.

El debate en torno a la Zona Fría pone de relieve una tensión que excede lo tarifario: en localidades como Necochea, donde el frío es una condición climática estructural y no una excepción, la discusión sobre quién accede a los descuentos energéticos es, en los hechos, una discusión sobre el nivel de vida de una parte sustancial de la población. La decisión que tome el Congreso en los próximos días determinará si esa protección se sostiene o si comienza a desmantelarse.