La Iglesia Católica alertó por jubilados que eligen entre medicamentos y comida

La pastoral social de la región platense emitió un comunicado en el que advierte sobre el deterioro de las condiciones de vida de jubilados, personas con discapacidad y enfermos en el contexto actual de ajuste del gasto público. El documento, difundido este fin de semana, señala que la seguridad social es “un derecho fundamental” y no “una concesión ni un privilegio”, y exige a las autoridades que garanticen la cobertura previsional y sanitaria de los sectores más vulnerables.

“Somos testigos del dolor que nos causa una realidad que hiere la dignidad humana en el ámbito de la seguridad social”, sostiene el texto firmado por los obispos de la región. La frase abre un documento que describe situaciones concretas relevadas en el trabajo pastoral cotidiano y que, según los prelados, se han agravado en los últimos meses. La institución advierte que lo que observa no son casos aislados sino un patrón que se reproduce en distintas comunidades de la región.

Uno de los puntos más contundentes del comunicado refiere a jubilados que deben elegir entre adquirir un medicamento u otro, o entre alimentarse y continuar un tratamiento médico. Los obispos señalan que esta situación ha derivado en un aumento de “descompensaciones y deterioro de la salud” entre los adultos mayores, un efecto que califican de preocupante y que, según entienden, podría haberse evitado con políticas de cobertura adecuadas.

El texto también denuncia el desfinanciamiento de prestaciones destinadas a personas con discapacidad, una problemática que desde hace meses genera reclamos de familias, organizaciones civiles y profesionales de la salud en todo el país. A ese señalamiento se suma otro de carácter social y humanitario: los obispos cuestionan que “las personas en situación de calle sean criminalizadas o tratadas como un problema de seguridad”, en lugar de recibir asistencia integral del Estado.

“Tantas personas que han trabajado toda su vida no logran cubrir sus necesidades básicas, aun contando con un legítimo derecho a una cobertura previsional y sanitaria”, afirma el documento. Con esa frase, la pastoral resume el núcleo de su crítica: no se trata de quienes quedaron fuera del sistema, sino de aquellos que cumplieron con sus obligaciones y aun así no encuentran respuesta del Estado ante situaciones de vulnerabilidad concreta.

Ante ese diagnóstico, los prelados hicieron un llamado directo a “nuestros gobernantes” para que cumplan con “el compromiso de cuidar a quienes más sufren”. Sin mencionar nombres ni apuntar a una administración en particular, el mensaje adquiere una dimensión política inequívoca en el contexto del ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional, que ha implicado recortes en programas sociales y modificaciones en el esquema de financiamiento de la discapacidad.

Este posicionamiento de la pastoral social región platense no es un hecho aislado dentro de la Iglesia Católica argentina. Hace pocos días, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, mantuvo un encuentro con intendentes del conurbano bonaerense para analizar el impacto de la crisis económica en esa región y explorar formas de intervención conjunta. La confluencia de ambas iniciativas sugiere que la jerarquía eclesiástica está articulando una estrategia de visibilización de la situación social que podría intensificarse en las próximas semanas.

El propio documento cierra con una convocatoria a “tender puentes de diálogo y encuentro, dejando de lado toda indiferencia”, una fórmula que la Iglesia suele reservar para momentos en que considera que la fractura social requiere una intervención activa de todos los actores institucionales. En ese marco, nuevos pronunciamientos de este tipo parecen ser parte de una agenda que la institución viene construyendo con creciente sistematicidad frente al escenario social de 2024 y 2025.