Nueva ley bonaerense permite reasignar fondos de caminos rurales a obras hidráulicas y genera debate en Necochea

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que habilita a los municipios a reasignar fondos destinados al mantenimiento de caminos rurales para financiar obras hidráulicas, con el objetivo de prevenir y mitigar inundaciones ante el fenómeno climático de El Niño. La medida, sancionada el martes 20 de octubre, establece un período extraordinario de 180 días durante el cual los gobiernos locales podrán destinar hasta el 100% de determinados recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural a intervenciones hídricas.

La iniciativa, impulsada por el legislador Sergio Vargas, permite que los municipios bonaerenses utilicen de manera excepcional recursos provinciales originalmente asignados al mantenimiento de la red vial rural. Entre los trabajos contemplados se encuentran obras de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación y ampliación de alcantarillas, construcción de defensas hídricas y adquisición de equipamiento para trabajos hidráulicos.

Un aspecto central es que la reasignación será opcional para cada municipio. Los intendentes podrán evaluar las necesidades de sus distritos y decidir si utilizan esta herramienta o mantienen el destino original de los fondos. La modificación alcanza recursos del Impuesto Inmobiliario Rural que se transfieren a los municipios para mantenimiento vial, y no debe confundirse con la tasa vial municipal, que constituye una fuente de financiamiento diferente.

La decisión generó el rechazo de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que advirtieron sobre las consecuencias de una reducción de los fondos destinados a la conservación de los caminos. La SRA, presidida por Nicolás Pino, sostuvo que las obras hidráulicas no deberían financiarse a costa de los recursos necesarios para conservar los caminos rurales.

“Entendemos la necesidad de avanzar con obras que den respuesta a los problemas hídricos, pero no se puede resolver una emergencia comprometiendo otra infraestructura esencial para la producción y las comunidades rurales”, expresó la entidad. La organización recordó que los caminos rurales permiten transportar la producción, acceder a escuelas y servicios de salud y sostener la conectividad de las comunidades del interior.

Por su parte, CARBAP también cuestionó la modificación normativa y advirtió sobre las condiciones de numerosos caminos bonaerenses. En Necochea, la discusión adquiere especial relevancia después de un año marcado por las dificultades de transitabilidad en distintos sectores rurales, los anegamientos y las gestiones para avanzar con obras que mejoren el escurrimiento del agua.

El debate se instala así en el ámbito local, donde productores, autoridades municipales y entidades rurales deberán evaluar cómo compatibilizar la prevención de inundaciones con la conservación de la infraestructura vial, dos necesidades que la ley busca atender pero que, según los críticos, podrían entrar en conflicto si no se garantizan recursos suficientes para ambas.