Katopodis anunció que la Provincia impugnará el tarifazo de AySA en la audiencia del 26 de octubre
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, confirmó este lunes que el Gobierno bonaerense se presentará en la audiencia pública convocada por el Gobierno nacional y AySA para impugnar los aumentos tarifarios y cuestionar las decisiones vinculadas a la privatización de la empresa. La presentación está prevista […]
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, confirmó este lunes que el Gobierno bonaerense se presentará en la audiencia pública convocada por el Gobierno nacional y AySA para impugnar los aumentos tarifarios y cuestionar las decisiones vinculadas a la privatización de la empresa. La presentación está prevista para el 26 de octubre, según anunció el funcionario durante la conferencia de prensa de los lunes del Ejecutivo provincial, encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Katopodis adelantó que la Provincia no solo participará de la instancia pública, sino que también impulsará reclamos administrativos y judiciales para exigir la continuidad de las obras de expansión y mantenimiento de las redes de agua y cloacas. El titular de Infraestructura cuestionó la política tarifaria aplicada por la administración nacional y advirtió que la concesión privada no garantiza las inversiones necesarias para ampliar la cobertura del servicio en el área metropolitana.
Desde el gobierno de Axel Kicillof sostienen que las tarifas de agua y saneamiento acumularon aumentos superiores al 500%, frente a una inflación del 300%. También ponen el foco en el carácter monopólico del servicio, que impide a los usuarios elegir otro prestador. “Nadie puede elegir cuál es el mejor prestador de agua en el área metropolitana, quien está obligado a tener que tratar con la única empresa disponible”, afirmó Katopodis durante la conferencia.
En ese marco, el ministro confirmó la participación provincial en la audiencia del 26 de octubre: “Vamos a impugnar el tarifazo, vamos a reclamar por el plan de obras de expansión por los compromisos que se tienen que cumplir”. Agregó que el Gobierno bonaerense continuará con las presentaciones administrativas y judiciales para exigir que se regularice la situación de la empresa y se cumplan las obligaciones vinculadas con el servicio.
Otro de los ejes del planteo de Katopodis fue la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de AySA. El ministro cuestionó que el proceso se impulse luego de que la compañía equilibrara sus cuentas y alcanzara un superávit operativo. “Una vez que logramos el superávit y garantizar estas cuentas públicas de la empresa equilibrada, se decide rematar y regalar, literalmente regalar esta empresa”, sostuvo el funcionario.
Para Katopodis, el cambio de gestión también pone en discusión el destino de los recursos generados por la compañía. Según advirtió, las ganancias que antes se destinaban al funcionamiento de la empresa pasarán a constituir un beneficio para el sector privado, sin garantías suficientes de inversión en infraestructura. “No está garantizado que en los próximos años se entierre un solo metro de caño de agua o de cloaca”, alertó.
La Provincia reclama que se mantengan las obras de expansión, mantenimiento y saneamiento, y que se respeten los compromisos asumidos para mejorar la cobertura del servicio en el área de concesión. El ministro de Infraestructura también advirtió sobre el impacto que una eventual privatización podría tener en la cobertura de agua y cloacas, y sostuvo que la prioridad debe ser garantizar el acceso al servicio para todos los usuarios.
Con esta decisión, el Gobierno bonaerense busca instalar en la agenda pública la discusión sobre el modelo tarifario y la gestión de AySA, en un contexto de fuertes aumentos y de un proceso de privatización que avanza a nivel nacional. La presentación en la audiencia pública del 26 de octubre será una instancia clave para que la Provincia exponga sus objeciones y reclamos, mientras continúa con las acciones legales para frenar los aumentos y asegurar las inversiones comprometidas.
