La Justicia multa al Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la medida cautelar que ordena actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas y garantizar los fondos para las becas estudiantiles, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión se tomó a partir de un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que advirtió sobre la falta de cumplimiento de las obligaciones judiciales.

El magistrado consideró que correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto previamente, luego de que vencieran los plazos otorgados al Poder Ejecutivo sin que se acreditara el cumplimiento integral de la medida cautelar. La sanción económica podrá modificarse si persiste el incumplimiento y no se descarta ampliar el alcance de los funcionarios alcanzados por la medida.

La medida cautelar exige la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y la garantía de los recursos destinados a las becas estudiantiles. El conflicto se originó por la falta de aplicación efectiva de esas disposiciones, mientras el Gobierno nacional sostiene una disputa judicial en torno a la instrumentación de la norma y a la disponibilidad de los recursos presupuestarios necesarios.

De acuerdo con los antecedentes del expediente, el juez había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida y otorgado un plazo para hacerlo. Ante la falta de acreditación del cumplimiento total, el CIN solicitó que se aplicaran las sanciones económicas previstas. Cormick resolvió avanzar con las llamadas astreintes, una herramienta judicial que consiste en imponer una multa por cada día de demora para presionar al cumplimiento de una obligación.

La decisión judicial se dictó mientras continúa la discusión sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la validez de las disposiciones del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su implementación. Aunque el Gobierno apeló el fallo que declaró inconstitucional esa disposición del decreto, la medida cautelar que ordena actualizar los salarios y garantizar los fondos para las becas continúa vigente y es de cumplimiento obligatorio.

Según los antecedentes del caso, la cautelar había sido confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso extraordinario presentado por el Estado nacional el 25 de junio de 2026. De esta manera, la apelación vinculada con la discusión de fondo sigue su curso, pero la obligación de cumplir con la cautelar no admite dilaciones.

El conflicto refleja la tensión entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario, que reclama por la falta de actualización salarial y de recursos para becas. La multa diaria busca presionar para que se acate la medida judicial, aunque el Gobierno mantiene su postura de cuestionar la instrumentación de la ley.

En conclusión, la Justicia avanza con sanciones económicas para forzar el cumplimiento de una medida cautelar que beneficia a docentes, no docentes y estudiantes universitarios. El fallo del juez Cormick marca un nuevo capítulo en la disputa por el financiamiento universitario y deja en claro que las obligaciones judiciales deben ser acatadas, más allá de las apelaciones pendientes.