Fallos judiciales clave: salud, educación, vivienda y derechos en la mira de la Justicia

En una semana marcada por decisiones judiciales de alto impacto, distintos tribunales del país resolvieron casos que abarcan desde la salud hasta la innovación tecnológica. El Juzgado Federal de Victoria declaró arbitraria la rescisión del contrato de medicina prepaga de un afiliado diagnosticado con adenocarcinoma de colon, ordenando su reincorporación inmediata y la cobertura integral de su tratamiento. La medida, aunque rechazó el reintegro de gastos de una cirugía ya realizada, sienta un precedente sobre los derechos de los pacientes oncológicos.

En el fuero laboral, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó los honorarios de un abogado, pero enfatizó que su cálculo no debe ser una aplicación mecánica de porcentajes legales, sino que debe valorar el trabajo efectivamente realizado. Esta interpretación busca evitar automatismos que desvirtúen la función de la regulación de honorarios.

La responsabilidad civil también fue eje de un fallo en Córdoba, donde un juzgado condenó a un colegio privado a indemnizar a una alumna que sufrió quemaduras gravísimas durante una deflagración en el laboratorio. La sentencia determinó que la institución incumplió medidas básicas de seguridad y su deber de custodia, subrayando la importancia de la prevención en entornos educativos.

En materia de derechos e inclusión, un Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al Gobierno porteño proveer una vivienda accesible o adaptar el departamento de una niña con movilidad reducida. La decisión apunta a garantizar la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de derechos para personas con discapacidad.

La innovación llegó de la mano de Río Negro, donde casi el 80% de las sentencias contencioso administrativas del primer semestre se dictaron con asistencia de inteligencia artificial. Esta herramienta agilizó la tramitación de procesos, marcando un hito en la modernización judicial del país.

En el ámbito penal, el Tribunal Oral Federal de Paraná homologó un juicio abreviado contra un joven acusado de alterar números de serie y códigos IMEI de celulares. Además del decomiso del material, se le impuso como regla de conducta realizar un curso de reparador de electrodomésticos, una sanción que apunta a la reinserción laboral.

El derecho de familia también tuvo su capítulo: una jueza privó de la responsabilidad parental a un padre que se radicó en Brasil y cortó todo vínculo con su hija menor. La magistrada consideró que la ausencia prolongada vulnera el desarrollo integral de la niña, priorizando su interés superior.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, con la disidencia del ministro Carlos Rosenkrantz, suspendió cautelarmente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, restableciendo la protección sobre tierras rurales. Esta decisión frena la derogación de la Ley de Tierras y reaviva el debate sobre la propiedad y el uso del suelo.

En conjunto, estos fallos reflejan una Justicia activa en la defensa de derechos fundamentales, la modernización de procesos y la resolución de conflictos en diversas áreas, dejando en claro que el Poder Judicial sigue siendo un actor central en la vida institucional del país.