Alerta en el peronismo: sospechan que se vendieron tierras a extranjeros durante la “ventana” de la Corte Suprema
El reciente giro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha generado un intenso debate sobre la posible extranjerización de tierras en el país. Apenas diez días después de un fallo que había abierto la puerta al Ejecutivo para derogar la Ley 26.737, la máxima autoridad judicial suspendió interinamente los efectos del artículo […]
El reciente giro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha generado un intenso debate sobre la posible extranjerización de tierras en el país. Apenas diez días después de un fallo que había abierto la puerta al Ejecutivo para derogar la Ley 26.737, la máxima autoridad judicial suspendió interinamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, la norma que había eliminado la protección al dominio nacional. Este revés legal ha puesto en el centro de atención al Congreso y a la ciudadanía la cuestión de quiénes podrían haber aprovechado la brecha jurídica que se abrió entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 2026.
El peronismo, encabezado por el diputado nacional Sebastián Galmarini, ha pedido una investigación exhaustiva para determinar si durante ese “período gris” se realizaron ventas de tierras a entidades extranjeras. La figura de Galmarini ha sido clave en la movilización de los legisladores que buscan esclarecer la situación y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos estratégicos del Estado.
El caso se remonta a la decisión del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que solicitó la revocación de la derogación del DNU. El tribunal, al analizar la demanda, concluyó que la organización carecía de legitimación procesal y, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto, revocó la cautelar histórica. Esta resolución abrió la puerta a un nuevo expediente presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, que alegó daños ambientales y la vulneración de derechos indígenas bajo el marco del Acuerdo de Escazú.
La Corte, en una sesión ampliada, ordenó la suspensión interina de la derogación hasta que el juzgado de origen se pronuncie sobre la legitimación y el fondo del asunto. Este movimiento judicial ha generado una brecha de aplicación efectiva de las normas de control territorial, lo que ha alarmado a los organismos de control y al Registro Nacional de Tierras Rurales.
El “período gris” ha sido descrito como un bache temporal que permitió una desregulación de facto. Mientras los organismos evaluaban el alcance del primer fallo, las restricciones a la extranjerización de tierras se vieron suspendidas, lo que generó un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar la protección del dominio nacional.
En respuesta, la Cámara de Diputados ha impulsado un pedido de informes al Poder Ejecutivo para esclarecer los hechos ocurridos durante la ventana de tiempo. La solicitud busca determinar el papel de los organismos de control y la posible intervención de actores privados en la venta de tierras durante ese lapso.
En conclusión, la suspensión interina del DNU 70/2023 ha puesto de relieve la fragilidad de los mecanismos de control sobre la propiedad de la tierra y la necesidad de una respuesta coordinada entre los poderes judicial y legislativo. La investigación en curso, liderada por el diputado Sebastián Galmarini, busca garantizar la transparencia y la protección del dominio nacional frente a la potencial extranjerización de recursos estratégicos.