La Justicia declaró inconstitucional el veto al financiamiento universitario y ordenó aplicar la ley

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y ordenó al Gobierno nacional dar cumplimiento inmediato a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. El fallo, firmado por el juez Martín Cormick, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y diversas casas de altos estudios del país.

Con esta resolución, la Justicia intimó al Estado a dictar la reglamentación y ejecución necesaria para actualizar los salarios docentes y nodocentes, otorgar las partidas de funcionamiento y recomponer los fondos de las becas estudiantiles. La medida representa un revés judicial para el Poder Ejecutivo en un conflicto que se extendió durante meses.

El conflicto se originó cuando el Poder Ejecutivo intentó frenar la normativa mediante un veto presidencial. Tras la insistencia de ambas cámaras del Congreso —que ratificaron la ley con las mayorías agravadas exigidas por la Constitución—, el Gobierno emitió el Decreto 759/2025. Mediante esa norma, condicionó la aplicación de la ley a que previamente se determinaran fuentes específicas de financiamiento y se incluyeran las partidas dentro del Presupuesto General.

En su escrito, el magistrado remarcó que dicho decreto operó en los hechos como una maniobra ilegítima: «Ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional que configuró una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional». El juez Cormick enfatizó que el decreto del Ejecutivo «no supera un test mínimo de razonabilidad» al intentar suspender, mediante un artículo de una ley anterior, la aplicación de una norma sobre la que el Poder Legislativo ya había insistido formalmente.

Asimismo, desestimó los argumentos oficiales relativos al impacto fiscal de la medida. Recordó que durante los períodos 2024 y 2025 no hubo una Ley de Presupuesto aprobada, sino que se prorrogaron las partidas correspondientes al año 2023. Citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las cuales precisan que el impacto financiero de la ley para todo el año 2025 representa aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.

Cormick aclaró que «el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado». De esta manera, la resolución obliga al Gobierno a desbloquear de forma inmediata las partidas presupuestarias destinadas al sistema universitario nacional.

La decisión judicial se produce en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el ámbito universitario, que venía reclamando por la actualización de los haberes y el funcionamiento de las instituciones. El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 sienta un precedente sobre los límites del accionar del Ejecutivo frente a las leyes sancionadas por el Congreso.

Con esta medida, la Justicia reafirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y establece un plazo perentorio para su cumplimiento. El Gobierno nacional deberá arbitrar los medios para garantizar la aplicación efectiva de la norma, lo que implica una recomposición salarial para el sector y la continuidad de las actividades académicas en todo el país.