Concejo de Necochea aprueba ordenanza que restringe a los cuidacoches y limpiavidrios en la ciudad y Quequén

El Concejo Deliberante de Necochea aprobó, con mayoría de votos, una nueva ordenanza que incorpora restricciones y sanciones específicas para los cuidacoches, popularmente llamados “trapitos”, y los limpiavidrios que operan en la vía pública de Necochea y Quequén. La medida, que deberá ser remitida al Departamento Ejecutivo para su promulgación o eventual veto, busca actualizar el marco normativo municipal frente a una actividad que genera conflictos de tránsito y, al mismo tiempo, constituye una fuente de ingresos para sectores vulnerables.

La iniciativa fue impulsada por la bancada de La Libertad Avanza y contó con el respaldo de la ACT, la UCR, Fuerza Patria y Avanza Necochea. La convergencia de estos grupos políticos refleja la percepción de que la problemática de los cuidacoches requiere una respuesta conjunta y no meramente simbólica. La ordenanza, sin embargo, no elimina la actividad, sino que la regula mediante la incorporación de nuevas figuras al Código Contravencional.

Entre los supuestos tipificados se encuentran el ofrecimiento de servicios o la solicitud de dinero cuando la actividad genere riesgos para la circulación, la interferencia en el tránsito al realizar limpiezas en semáforos, y la ocupación de espacios de estacionamiento sin autorización municipal. Cada una de estas conductas está asociada a una multa económica que varía según la gravedad y la reincidencia del infractor, con el objetivo de disuadir prácticas que pongan en peligro la seguridad vial.

El Código Contravencional ya contemplaba infracciones relacionadas con el uso del espacio público, como el lavado de vehículos en la vía pública, y disponía de herramientas para sancionar amenazas, coerción o daños al tránsito. La diferencia esencial radica en la incorporación de figuras específicas que describen de forma detallada las actividades de los cuidacoches y limpiavidrios, lo que permite una actuación más precisa por parte de los agentes de control.

El proyecto reconoce que, para muchas personas, el cuidado o lavado de vehículos representa una actividad informal de generación de ingresos, particularmente en contextos de vulnerabilidad social. Por ello, la ordenanza incluye disposiciones que obligan a la autoridad municipal a considerar alternativas de capacitación, formación laboral y programas de inserción que mitiguen el impacto económico de la prohibición. Asimismo, se prevé la posibilidad de otorgar autorizaciones precarias y excepcionales para el cuidado voluntario de vehículos bajo condiciones estrictas.

El éxito de la medida dependerá de la capacidad de fiscalización del municipio. La simple existencia de una prohibición escrita no garantiza su cumplimiento; será necesario destinar recursos humanos y materiales para la vigilancia, así como establecer canales de denuncia accesibles para la ciudadanía. La coordinación entre la policía municipal, la autoridad de tránsito y los organismos sociales será clave para traducir la normativa en resultados concretos.

En conclusión, la nueva ordenanza constituye un paso institucional para abordar una problemática que combina aspectos de seguridad vial y de inclusión social. Su efectividad quedará determinada por la implementación práctica, la disponibilidad de recursos para el control y la oferta de alternativas laborales a quienes dependen de esta actividad. El debate que se abre ahora invita a la comunidad a observar de cerca los resultados y a participar en la construcción de soluciones sostenibles para la convivencia en el espacio público.