Presupuesto 2027: el Gobierno propone eliminar la indexación automática de asignaciones sociales

El Gobierno remitió al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto 2027, que plantea una reforma profunda en la forma de actualizar las asignaciones familiares y sociales. La iniciativa, anunciada esta semana, genera expectación entre los sectores más vulnerables y los analistas económicos de la región.

Hasta la fecha, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Asignación Familiar para Trabajadores Registrados (SUAF) se ajustaban mensualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando un aumento automático que preservaba el poder de compra de los beneficiarios.

Con la nueva propuesta, ese mecanismo de indexación quedaría derogado. En su lugar, los incrementos pasarían a ser definidos directamente por el Poder Ejecutivo, según la disponibilidad de fondos y las prioridades fiscales establecidas en la normativa presupuestaria.

El proyecto contempla una partida global de $14,35 billones para estas prestaciones, lo que representa un aumento nominal del 22,9% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, la periodicidad y el porcentaje de los ajustes ya no estarían garantizados por una fórmula matemática, sino que dependerían de resoluciones o decretos gubernamentales.

Los analistas advierten que, en un contexto de inflación mensual cercana al 2%, la ausencia de una indexación automática podría erosionar el valor real de las asignaciones. Un ejemplo ilustrativo muestra que una AUH de $156.649, que bajo el esquema actual subiría a $166.237 en tres meses, podría quedar congelada en el mismo monto hasta que se emita un nuevo ajuste.

El debate político y económico se ha intensificado. Los críticos sostienen que la medida desprotege a los sectores más vulnerables frente a la suba de precios, mientras que el oficialismo argumenta que la indexación automática del gasto público alimenta la inflación y que la flexibilidad permitirá una mejor gestión de los recursos en situaciones de emergencia.

En última instancia, la decisión final recaerá en el Congreso, que deberá evaluar si aprueba el nuevo esquema o mantiene la movilidad automática vigente. La discusión está abierta y se espera que los legisladores reciban testimonios de organizaciones sociales, sindicatos y representantes del sector financiero antes de la votación prevista para el próximo mes.

En conclusión, la propuesta de reforma del Presupuesto 2027 plantea un cambio estructural que podría redefinir la forma en que se protege a los hogares más necesitados. La respuesta institucional y la presión de la sociedad civil serán determinantes para definir el futuro de las asignaciones familiares en la provincia y en el país.